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Acción popular tumba régimen tarifario de energía en la Costa y reduce cobros a millones de usuarios

La Línea 520 es utilizada hoy para darle energía a Repelón y Rotinet lo que afecta al Distrito de Riego.

Un alivio económico sin precedentes llegó para millones de usuarios del Caribe colombiano tras la decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) de poner fin al régimen tarifario especial que desde 2019 encarecía significativamente las facturas de energía en la región.

La medida es resultado de una acción popular promovida por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, que fue fallada a su favor por el Tribunal Administrativo del Atlántico. En cumplimiento del fallo, la Creg reformuló el componente de comercialización de la tarifa, decisión que fue aprobada el pasado 30 de mayo.

Según estimaciones oficiales, esta decisión reducirá en $54 por kilovatio hora el costo mensual para los 2,7 millones de usuarios de la empresa Air-e, lo que representa un ahorro anual cercano a los $282.000 millones. Los usuarios de Afinia, que opera en departamentos como Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar, también se beneficiarán con una rebaja estimada de $23 por kilovatio hora y un ahorro de hasta $114.000 millones al año.

Entre los cobros eliminados se encuentra un recargo del 20% por gastos de administración, operación y mantenimiento (AOM), así como los costos por pérdidas no técnicas —asociadas al robo de energía— que eran trasladados directamente a los usuarios. Además, se eliminó un sobrecosto de 300 puntos básicos relacionados con cartera vencida que afectaba la fórmula tarifaria en la región.

La reformulación del componente de comercialización implicará, a nivel nacional, un ahorro estimado cercano a un billón de pesos anuales para los usuarios del servicio eléctrico, lo que convierte esta decisión en una de las más significativas en materia de justicia tarifaria en los últimos años.

Con esta resolución, se cierra el régimen transitorio especial que desde hace cinco años había sido señalado como discriminatorio por sus impactos sociales y económicos en el Caribe colombiano.

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