La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) expresó su desacuerdo con el presidente Gustavo Petro, tras sus declaraciones en el consejo de ministros sobre la posibilidad de recortar recursos de las concesiones viales para cubrir parte del déficit fiscal que enfrenta el país.
El gremio aclaró que estos dineros no corresponden a excedentes disponibles, sino que cuentan con una destinación específica para la ejecución de proyectos contemplados en los contratos de concesión. Precisó, además, que los recursos actualmente administrados en fiducias para el pago de obras ascienden a $6,5 billones, y no a $18 billones, como lo señaló el mandatario.
“La exhortación a que los concesionarios devuelvan recursos administrados en fiducias introduce una señal inédita: la infraestructura como variable de ajuste fiscal. Esto representa un giro de fondo en la relación entre el Estado y el modelo de concesiones y genera una señal de alta sensibilidad para la estabilidad jurídica y financiera del sector”, advirtió la CCI.
La entidad sostuvo que este tipo de medidas podría afectar de manera negativa la planeación y la confianza en los proyectos de infraestructura, citando como antecedentes la terminación anticipada del corredor de carga Barranquilla–Cartagena y los anuncios relacionados con Autopistas del Café. También alertó sobre recortes a vigencias futuras en proyectos estratégicos como el Canal del Dique y la vía Mulaló–Loboguerrero, por cerca de un billón de pesos.
Finalmente, la CCI destacó el papel de la infraestructura como articulador social y reiteró el llamado a preservarla como política de Estado, garantizando la seguridad jurídica y evitando su uso como herramienta coyuntural de ajuste fiscal. “Defender la institucionalidad del sector no es proteger intereses particulares, sino salvaguardar la ejecución de obras públicas, la confianza en las reglas del juego y la planificación del desarrollo a largo plazo”, concluyó el gremio.
