El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, rechazó la tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas anunciada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la calificó como una “agresión económica” que vulnera los principios de integración y cooperación regional.
El funcionario señaló que, en materia energética, Colombia ha actuado con solidaridad y cooperación hacia Ecuador, por lo que insistió en que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y no con medidas unilaterales que terminan afectando a las poblaciones de ambos países.
Palma recordó que Colombia mantuvo la venta de energía a Ecuador incluso en los momentos más críticos para su propio sistema eléctrico, cuando el país atravesaba la sequía más severa de su historia por efectos del cambio climático.
“Exportamos en muchas ocasiones más de 450 megavatios de manera sostenida, cerca del 90 % de la capacidad de la infraestructura de exportación, aun cuando nuestro sistema enfrentaba una situación hidrológica crítica. Aun así, garantizamos las exportaciones y el abastecimiento de los hogares colombianos”, afirmó el ministro.
Explicó que, de manera preventiva, el Gobierno colombiano había expedido una resolución para habilitar iniciativas privadas en la venta de energía y evitar déficits, pero tras el anuncio del arancel por parte de Ecuador, ordenó desmontar dicho acto administrativo.
El ministro también se refirió a los problemas de seguridad en la frontera, señalando que Colombia tampoco ha sido ajena a los ataques de grupos narcotraficantes. Recordó que en diciembre pasado se registró un atentado contra la infraestructura eléctrica en el suroccidente del país, que afectó la capacidad de exportación, aunque el sistema fue reconfigurado para mantener los volúmenes de energía requeridos por Ecuador.
Según Palma, la demanda energética diaria de Ecuador oscila entre 92 y 100 gigavatios hora (GWh-día), de los cuales Colombia ha venido suministrando alrededor de 8 GWh-día, lo que representa entre el 8 % y el 10 % del consumo eléctrico ecuatoriano, gracias a los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y a la fortaleza de la infraestructura colombiana.
A las críticas se sumó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, quien pidió a Ecuador reconsiderar la tasa del 30 %, al advertir que genera “inmensa incertidumbre entre productores y consumidores”.
“Hacemos un llamado al Gobierno ecuatoriano para que reconsidere esta decisión y al Gobierno colombiano para que se siente con Ecuador y puedan resolver cualquier diferencia en términos de seguridad nacional mediante el trabajo conjunto”, expresó el dirigente gremial.
Desde Quito, el presidente Daniel Noboa reiteró que la medida responde a la “falta de reciprocidad y acciones firmes” de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común de 586 kilómetros, y aseguró que el arancel se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar estas problemáticas de manera conjunta.
La Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano Colombiano (Camecol) también manifestó su preocupación por la tasa de seguridad y advirtió sobre las repercusiones económicas que podría generar, dada la alta interdependencia comercial, productiva y energética entre ambos países.
El gremio subrayó que la relación bilateral se ha construido históricamente sobre el diálogo, la cooperación y la integración regional, por lo que exhortó a los gobiernos a abrir canales de diálogo al más alto nivel.
“Cualquier decisión debe analizarse de manera integral, evaluando su impacto en el empleo, la competitividad, el abastecimiento de insumos estratégicos y el bienestar de los consumidores”, señaló Camecol, que además se ofreció a facilitar espacios de diálogo para evitar afectaciones mayores a las economías y sociedades de Ecuador y Colombia.
