El Gobierno colombiano anunció este jueves la aplicación de un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, como medida de reciprocidad frente a los aranceles que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decidió imponer a los productos colombianos por una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, explicó que la decisión corresponde a un “instrumento transitorio orientado al restablecimiento del equilibrio de las condiciones de intercambio” entre ambos países.
“La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para proteger su aparato productivo y garantizar el equilibrio del intercambio”, señaló la ministra.
Aunque el Gobierno no precisó cuáles serán los 20 productos ecuatorianos sujetos al nuevo arancel, indicó que estas importaciones representan alrededor de 250 millones de dólares anuales y advirtió que la medida podría extenderse a un grupo más amplio de bienes.
Morales subrayó que la decisión no busca escalar tensiones ni afectar de forma permanente la relación bilateral. “Son instrumentos legítimos para corregir desequilibrios y preservar condiciones justas y previsibles de intercambio, mientras se restablece un marco de reglas compartidas”, indicó.
Suspensión de exportaciones de energía
De manera paralela, el Ministerio de Minas y Energía expidió una resolución mediante la cual se suspenden las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre Colombia y Ecuador, como una medida preventiva para proteger la soberanía y la seguridad energética del país.
La decisión se sustenta en análisis técnicos del balance energético nacional, el seguimiento climatológico del IDEAM y los reportes del Centro Nacional de Despacho (CND), que advierten una mayor presión sobre el sistema eléctrico, una operación intensiva del parque termoeléctrico y la necesidad de priorizar la demanda interna, en un contexto de variabilidad climática y posibles escenarios asociados a un nuevo Fenómeno de El Niño.
“El deber del Estado es garantizar que los hogares, la industria y los servicios esenciales de Colombia cuenten con energía segura y confiable. Esta es una decisión responsable, preventiva y soberana”, afirmó el ministro Edwin Palma Egea.
El jefe de la cartera energética aclaró que la medida no desconoce la vocación de integración regional, pero sí fija límites claros cuando está en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico y el interés general.
“Seguimos creyendo en la integración energética y en el diálogo entre pueblos hermanos. Sin embargo, las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales sin poner en riesgo el abastecimiento nacional”, sostuvo Palma.
La resolución faculta al Ministerio de Minas y Energía para modificar, suspender o reactivar las exportaciones de electricidad mediante circulares, de acuerdo con la evolución de las variables climáticas y energéticas, y establece que los intercambios solo se retomarán cuando existan condiciones técnicas, energéticas y comerciales adecuadas.
“Cuando se restablezca la seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos. La integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo”, concluyó el ministro.
