La Contraloría General de la República solicitó al Ministerio de Hacienda toda la información necesaria para verificar cómo se realizó la cuestionada venta de Títulos de Tesorería (TES) por $23 billones a un inversionista extranjero.
La entidad informó que el ministerio tiene dos días hábiles para responder esta solicitud, la cual se realiza en cumplimiento de un derecho de petición presentado ante la Contraloría hace algunos días.
“Este oficio fue trasladado el 22 de diciembre de 2025 a la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras para su debido trámite. En atención a ello, se ha designado a la doctora Aura Marina Sánchez Ruiz, adscrita a la Dirección de Vigilancia Fiscal de esta dependencia, para la atención de la solicitud”, se lee en el comunicado oficial.
Asimismo, el derecho de petición advierte sobre posibles hechos irregulares en la operación. “En el mercado de deuda pública colombiana, a 19 de diciembre de 2025, se están registrando emisiones por parte del Ministerio de Hacienda por más de $20 billones, a tasas 40 puntos básicos por fuera de mercado, sin un criterio justificado, en detrimento de las finanzas de la Nación y por fuera de los programas de emisión normales, lo que favorecería a un tercero específico”, señala el documento.
Por esta razón, la Contraloría solicitó al Ministerio de Hacienda aclarar si se trató de una nueva emisión de deuda o de la venta de títulos pertenecientes al portafolio de la Tesorería.
También pidió indicar el monto vendido, tanto en valor nominal como en valor de mercado, por cada referencia de TES B involucrada, así como la tasa de interés de la operación. En caso de tratarse de una venta de títulos del portafolio, el ministerio deberá consignar el valor de compra de estos papeles.
Adicionalmente, la entidad de control solicitó responder interrogantes clave como: ¿cómo se estructuró la venta?, ¿quién fue el comprador? y ¿cuál fue el motivo que dio origen a esta operación?
De esta manera, la cartera liderada por Germán Ávila contará con dos días hábiles para dar respuesta a los requerimientos formulados por la Contraloría.
