La demanda presentada el pasado viernes contra el decreto que fijó el salario mínimo se sustenta en una presunta violación del artículo constitucional que le otorga al Gobierno nacional la facultad de establecer este salario, afirmó en Emisora Atlántico Mirna Wilches, integrante del grupo de abogados que interpuso la acción jurídica.
La jurista explicó que el Gobierno debe ceñirse a parámetros específicos como la productividad, el índice de precios al consumidor (IPC), la inflación real y el incremento del producto interno bruto (PIB) al momento de definir el aumento salarial.
Wilches sostuvo que, al analizar estos indicadores, no se justifica un reajuste del 23 %, por lo que, a su juicio, la decisión resulta contraria a la dinámica de la economía y del mercado laboral, razón por la cual se presentó la demanda.
Sobre este proceso judicial también se pronunció el director ejecutivo de ACOPI en el departamento del Cesar, Diego Vides, quien consideró que “cualquier medida que se pueda ejercer sobre el salario mínimo es bienvenida”, al referirse a la acción interpuesta contra el incremento decretado por el Gobierno nacional.
No obstante, Vides advirtió que este reajuste del salario mínimo afecta de manera directa a las pequeñas empresas y expresó su preocupación ante la ausencia de una política de fortalecimiento del sector productivo. “No veo una política de crecimiento del tejido empresarial. En este sentido, el incremento del salario se convierte en un subsidio para la producción extranjera”, concluyó el dirigente gremial.
