La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó enfáticamente la denuncia penal interpuesta por el Grupo Argos contra el periodista Horacio Brieva Mariano, columnista de El Heraldo, a quien acusa de injuria, calumnia y pánico económico. Para la FLIP, esta acción judicial constituye una forma de acoso judicial que busca silenciar las voces críticas y limitar el debate sobre asuntos de evidente interés público, como el impacto ambiental de los proyectos urbanísticos en el Caribe colombiano.
Según la organización, las columnas de opinión del periodista, en las que expone presuntas afectaciones ambientales por parte del Grupo Argos en proyectos como la Ciudadela Mallorquín, en Puerto Colombia, hacen parte del ejercicio legítimo del periodismo y del derecho ciudadano a opinar, cuestionar y exigir rendición de cuentas. Entre 2022 y mayo de este año, Brieva ha publicado 42 columnas en las que alerta sobre supuesta deforestación de bosques secos tropicales y construcción en zonas ambientalmente protegidas.
En su defensa, el Grupo Argos argumenta que existe una “campaña sistemática de desinformación y ataques infundados” que afecta su reputación y genera desconfianza entre clientes e inversionistas. A esta narrativa se suma la inclusión de la lideresa ambiental María Esther Correa, también señalada por la empresa de participar en el supuesto plan de pánico económico. La FLIP advirtió que este patrón evidencia un intento preocupante de silenciar a quienes denuncian posibles afectaciones ambientales, en lugar de generar espacios para la deliberación pública o el ejercicio del derecho de rectificación.
La Fundación recordó que el uso del derecho penal en casos como este es desproporcionado y contrario a los estándares internacionales sobre libertad de expresión, en especial cuando se invoca el delito de pánico económico, cuya pena puede alcanzar hasta 12 años de prisión. “Este tipo de acciones tienen un efecto inhibidor en la prensa y desalientan la participación ciudadana en temas fundamentales como la protección del medio ambiente”, subrayó.
La FLIP respaldó su postura en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso Baraona Bray vs. Chile reiteró la especial protección que merece la libertad de expresión en asuntos ambientales. Así mismo, citó la reciente Sentencia T-534 de 2024 de la Corte Constitucional colombiana, que reitera que el acceso a la información ambiental es clave para la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana.
En consecuencia, la organización instó al Grupo Argos a desistir de la denuncia contra Brieva y pidió a la Fiscalía General de la Nación que, en caso de avanzar el proceso, lo archive, en cumplimiento de los principios democráticos y de los estándares internacionales en materia de libertad de prensa.
“La persecución penal del periodismo crítico pone en riesgo el núcleo esencial de la libertad de expresión, inhibe la investigación sobre temas de interés público y debilita el debate democrático. El Estado tiene la obligación de garantizar un entorno libre de represalias para quienes vigilan, informan y defienden el interés colectivo, especialmente en el contexto de la crisis ambiental que vive el país”, concluyó la FLIP.
