El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) y el Ministerio de Defensa, puso en conocimiento de la ciudadanía el proyecto de decreto mediante el cual se fijarán las nuevas tarifas mínimas para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia.
La medida busca reducir el costo de estos servicios, asegurando la sostenibilidad económica del sector y garantizando el pago justo de salarios y demás prestaciones laborales a las que tienen derecho los aproximadamente 360.000 trabajadores que integran este importante sector económico del país.
La iniciativa cobra especial relevancia para el sector residencial en Colombia, las micro y pequeñas empresas, las entidades públicas de departamentos de tercera y cuarta categoría, las entidades públicas de distritos y municipios de quinta y sexta categoría, así como los establecimientos educativos privados ubicados en estas mismas clasificaciones territoriales. Todos ellos se beneficiarían de una tarifa diferencial que les permitirá acceder a servicios de seguridad privada a un menor costo.
Según el superintendente Larry Álvarez, “esta medida se ajusta a la realidad social y económica del país, y con ella buscamos que los distintos sectores sociales y de la economía colombiana encuentren un alivio financiero al contratar los servicios de seguridad privada, y no migren a prestadores no autorizados que, entre otras cosas, no tienen el conocimiento ni la experiencia para prestar un servicio especializado y tan esencial como este”.
