El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó desde Barranquilla, ante los asistentes al 19.º Encuentro de Laboralistas de la Andi, que un recorte masivo de 700.000 funcionarios públicos y la eliminación o supresión de entidades estatales, como lo planteó el presidente electo, Abelardo de La Espriella, sería una «masacre laboral». Además, consideró que esa iniciativa requeriría la aprobación del Congreso.
Sanguino también manifestó que los derechos laborales aprobados en la reforma laboral (Ley 2466) son derechos irreversibles que no pueden ser modificados, por lo que deben ser respetados por el nuevo Gobierno. Agregó que estas garantías están amparadas por fallos de la Corte Constitucional y de otros altos tribunales del país.
El ministro también confirmó que el Ministerio del Trabajo adelanta 400 procesos contra empresas privadas en todo el país por presunto constreñimiento a sus trabajadores con fines electorales. Indicó que estos procesos continúan su curso, podrían culminar en sanciones administrativas y, posteriormente, ser remitidos a la justicia penal.
