La Procuraduría General de la Nación encendió las alertas frente a un proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo que pretende reglamentar el funcionamiento de las Empresas de Servicios Temporales (EST), al advertir posibles riesgos para la estabilidad del empleo formal en el país.
A través de una comunicación dirigida al ministro Antonio Sanguino, el Ministerio Público expuso reparos técnicos clave al borrador de la norma, señalando que su contenido debe ajustarse estrictamente al orden constitucional y a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
Riesgo para casi medio millón de empleos
La Procuraduría advirtió que, según estudios recientes, las Empresas de Servicios Temporales generaron más de 50.000 empleos formales en 2025 y actualmente cuentan con 474.188 trabajadores en misión, lo que equivale al 4,8 % del empleo formal dependiente en Colombia.
Bajo este contexto, el órgano de control alertó que algunas disposiciones del proyecto podrían comprometer la continuidad y estabilidad de estos puestos de trabajo.
Rechazo al límite del 10 %
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la intención de imponer un límite del 10 % al número de trabajadores vinculados bajo la modalidad de trabajo en misión dentro de las empresas usuarias.
La Procuraduría insistió en que no se debe restringir esta modalidad laboral, especialmente cuando está asociada al objeto social o al giro ordinario de los negocios, ya que ello podría generar efectos negativos en el mercado laboral formal.
MinTrabajo acepta diálogo técnico
Ante las observaciones, el Ministerio de Trabajo acogió los reparos y aceptó la conformación de una mesa técnica preventiva conjunta, liderada por la Procuraduría, con la participación de los actores y sectores involucrados en el mercado laboral.
El objetivo de este espacio será analizar de manera colaborativa el contenido del proyecto de decreto, evaluar sus impactos y salvaguardar los derechos laborales y colectivos, especialmente la estabilidad de los 474.188 trabajadores en misión que podrían verse afectados por cambios regulatorios.
La mesa técnica acompañará el proceso reglamentario como parte de la función preventiva del Ministerio Público, en un momento clave para el futuro del empleo formal en Colombia.
