La decisión del Gobierno nacional de establecer un impuesto al patrimonio mediante decreto, en el marco de la emergencia económica declarada por la ola invernal, generó preocupación en el sector autopartista colombiano, que advierte posibles efectos negativos sobre la inversión, la liquidez empresarial y la competitividad industrial.
La medida busca recaudar cerca de $8,3 billones a través de un tributo progresivo dirigido a personas jurídicas cuyo patrimonio poseído al 1 de marzo de 2026 sea igual o superior a $10.475 millones (200.000 UVT). Las tarifas podrían alcanzar hasta el 1,6 %, dependiendo del sector productivo.
Según estimaciones del Gobierno, alrededor de 15.000 empresas del país quedarían sujetas a esta obligación.
Impacto en la industria autopartista
Para el sector autopartista, que factura cerca de $21 billones al año y reúne más de 65.000 establecimientos entre fabricantes, comercializadores y servicios especializados, el impacto podría ser significativo.
El gremio advierte que, al tratarse de un gravamen sobre el patrimonio y no sobre las utilidades, el impuesto afecta directamente la estructura financiera de las compañías, independientemente de su desempeño operativo.
Esto, señalan, reduce la capacidad de reinversión y expansión de las empresas.
“Este impuesto puede erosionar los márgenes operativos en un sector que ya enfrenta alta presión por importaciones. Más del 85 % de las autopartes comercializadas en el país provienen del exterior, además de fenómenos como el contrabando”, afirmó Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes.
El dirigente agregó que gravar el patrimonio limita la liquidez necesaria para procesos de modernización tecnológica, innovación y generación de empleo formal.
Retos en medio de la transformación del sector
El gremio señaló que la medida llega en un momento en que la industria avanza en procesos de transformación hacia la electromovilidad, la digitalización y el fortalecimiento de estándares técnicos, factores clave para competir en mercados regionales.
En ese contexto, advierten que una mayor carga fiscal podría afectar decisiones de inversión en activos productivos, infraestructura logística y desarrollo tecnológico, en un escenario donde el sector busca fortalecer la formalización y mejorar su competitividad frente a productos importados.
“El sector autopartista está comprometido con el desarrollo económico del país y entiende la necesidad de atender emergencias nacionales. Sin embargo, es fundamental que las políticas tributarias mantengan un equilibrio que preserve la inversión productiva y la estabilidad jurídica”, señaló Pineda Osorio.
Disposición al diálogo
Finalmente, Asopartes reiteró su disposición de participar en espacios de diálogo técnico con el Gobierno nacional, con el fin de evaluar alternativas que permitan atender la emergencia climática sin comprometer la competitividad de los sectores productivos.
El gremio insistió en que la sostenibilidad fiscal debe ir acompañada de condiciones que fortalezcan la inversión, la formalización y la productividad, pilares clave para el desarrollo industrial del país.
