Los gremios de la vigilancia y seguridad privada en Colombia expresaron su preocupación por lo que consideran una serie de decisiones y actuaciones del Gobierno Nacional que estarían afectando la operación de un sector que emplea a cerca de 400.000 personas y representa una parte significativa de la economía formal del país.
A través de un pronunciamiento público, las organizaciones señalaron que la actividad de vigilancia privada es una industria legal y regulada que aporta alrededor del 1,13 % del Producto Interno Bruto (PIB), moviliza aproximadamente 21 billones de pesos al año y genera cerca del 4 % del empleo formal nacional.
Cuestionamientos a decisiones oficiales
Los gremios afirmaron que las actuaciones recientes del Gobierno han contribuido a una deslegitimación del sector, al tiempo que denunciaron retrasos en los trámites relacionados con acreditaciones y permisos para trabajadores.
Según el documento, algunos procesos presentan demoras promedio de 391 días, mientras que en ciertos casos los tiempos de respuesta superarían los 1.300 días, situación que, aseguran, ha ocasionado inconvenientes para empleados que dependen de dichas certificaciones para ejercer sus funciones.
Además, cuestionaron dos decisiones adoptadas recientemente por las autoridades: la implementación de una calculadora salarial y la modificación de la estructura tarifaria del sector.
De acuerdo con los gremios, estas medidas fueron expedidas sin suficiente socialización previa y presentan deficiencias técnicas que podrían afectar la sostenibilidad financiera de las empresas dedicadas a la vigilancia privada.
Advierten riesgos para el empleo formal
Las organizaciones sostienen que cualquier afectación a las compañías de seguridad privada tendría repercusiones directas sobre miles de trabajadores en todo el país.
Entre ellos mencionan a más de 55.000 jóvenes entre 18 y 25 años, cerca de 112.000 personas mayores de 45 años y alrededor de 80.000 mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar, que dependen de esta actividad económica.
Asimismo, señalaron que en numerosos municipios intermedios y zonas rurales las empresas de vigilancia constituyen una de las principales fuentes de empleo formal.
“Cuando el sector formal se debilita, el vacío lo ocupa la vigilancia ilegal, sin contratos, sin prestaciones y sin garantías para nadie”, advirtieron los gremios en el comunicado.
Reiteran respaldo a la democracia y la libre empresa
En el pronunciamiento, las organizaciones destacaron su compromiso con la Constitución Política, el Estado Social de Derecho, la libre empresa, la propiedad privada y la seguridad jurídica.
También defendieron el papel de la iniciativa privada en la generación de empleo y señalaron que las políticas públicas dirigidas al sector deben construirse con criterios técnicos y en diálogo con los actores involucrados.
Los gremios concluyeron reiterando que continuarán defendiendo el trabajo formal, las instituciones democráticas y los derechos de los trabajadores vinculados a la industria de la vigilancia y seguridad privada en Colombia.
