Las empresas Promigas, TGI —filial del Grupo Energía Bogotá—, Promioriente, Transmetano y Transoccidente rechazaron la orden del Gobierno nacional de devolver más de $150.000 millones a los usuarios de gas natural, relacionada con presuntos cobros adicionales en el componente de transporte de las tarifas.
A través de un comunicado conjunto, las compañías aseguraron que han aplicado de manera estricta y transparente la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), por lo que consideran que no existen sobrecostos que deban ser reembolsados a los usuarios.
El origen de la controversia
La CREG determinó que en las tarifas se aplicó un incremento en la tasa de descuento del costo de capital (WACC), lo que elevó el componente de transporte del servicio.
Según la entidad reguladora, en 2023, mediante la Resolución CREG 102 002, la tasa pasó de 10,94 % a 11,88 %, lo que permitió a empresas transportadoras como TGI y Promigas incrementar los costos asociados al transporte de gas natural. Estos aumentos, de acuerdo con la explicación oficial, terminaron trasladándose a los usuarios finales del sistema.
Empresas defienden aplicación de la norma
Las compañías transportadoras insistieron en que actuaron conforme a la normativa vigente y que las tarifas fueron calculadas siguiendo la metodología establecida por el regulador.
“Las compañías transportadoras reiteramos que hemos aplicado de manera estricta la regulación vigente y no hemos generado ni trasladado a los usuarios sobrecostos en el transporte de gas, por lo tanto no habría lugar a devoluciones”, señalaron en el documento.
Citan laudo arbitral como respaldo
Las empresas también mencionaron un laudo arbitral del 11 de febrero de 2026, que resolvió diferencias entre Transmetano y EPM sobre la tasa de descuento aplicable al transporte de gas.
Según las transportadoras, en esa decisión se concluyó que la empresa actuó conforme a la regulación, aplicando la tasa correcta para la actividad.
Aún no han sido notificadas oficialmente
En el comunicado, las compañías afirmaron que hasta el momento no han recibido notificación oficial de una decisión administrativa que ordene la devolución de los recursos mencionados por el Gobierno.
Indicaron que, una vez conozcan formalmente los actos administrativos, analizarán su contenido y alcance desde el punto de vista técnico y jurídico.
“De ser necesario, acudiremos a las instancias judiciales competentes para garantizar el respeto del ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica y las competencias institucionales previstas en la legislación colombiana”, señalaron.
Finalmente, las empresas reiteraron su compromiso con los usuarios del servicio público de gas natural, así como con el cumplimiento de la Constitución, la ley y el marco regulatorio vigente, que consideran fundamentales para garantizar la prestación eficiente del servicio.
