La Policía Nacional de España desmanteló en la ciudad de Sevilla una red criminal internacional dedicada, presuntamente, a la trata de personas y migración irregular, que captaba hombres y mujeres colombianos bajo la promesa de empleo en el país europeo.
De acuerdo con información oficial, la organización ofrecía a sus víctimas un supuesto “pack de viaje”, cuyo costo oscilaba entre 4.000 y 5.000 euros, que incluía el traslado aéreo y la permanencia en España. Al menos 22 personas habrían ingresado al país bajo este esquema fraudulento.
La operación, que culminó con la captura de ocho integrantes de la red, incluidos sus principales cabecillas, se desarrolló tras el análisis de datos obtenidos en una investigación previa realizada en 2024 contra otra estructura criminal dedicada a la trata de seres humanos.
Las autoridades establecieron que se trataba de una organización perfectamente estructurada, con operaciones tanto en España como en Colombia, donde contaban con miembros encargados de captar personas en condiciones de extrema necesidad económica.
Falsas ofertas laborales y endeudamiento
Aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas, la red les ofrecía trabajos en el cuidado de personas dependientes o en el sector de la restauración, principalmente en las provincias de Sevilla y Cádiz.
Las personas viajaban a España haciéndose pasar por turistas, tras recibir instrucciones precisas para superar los controles migratorios. Incluso, se les entregaba dinero en efectivo que debían devolver inmediatamente tras su llegada, aumentando así la deuda contraída.
Una vez en territorio español, los integrantes de la organización actuaban como una agencia de colocación ilegal, facilitando empleos en condiciones irregulares.
Uso de documentación ajena y amenazas
En el sector de la restauración, los explotadores proporcionaban documentación de terceros, perteneciente a personas regularizadas o vinculadas a la red, para permitir el alta laboral fraudulenta de los ciudadanos colombianos. Este servicio se alquilaba por 200 euros mensuales.
Además, los titulares reales de esos documentos se beneficiaban posteriormente de prestaciones por desempleo generadas de manera irregular.
Según la Policía, cuando las víctimas no podían cumplir con los pagos exigidos, la organización recurría a amenazas directas contra sus familiares en Colombia, lo que obligó a varias personas a desplazarse y abandonar sus hogares para evitar represalias.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más víctimas y posibles ramificaciones internacionales de esta red criminal.
