El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo deberá permanecer 18 meses en prisión en lo que se lleva a cabo una investigación en su contra por delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, ordenó un juez el jueves, después de aceptar la solicitud de la fiscalía.
Mientras el juez supremo Juan Carlos Checkley leía su resolución en una audiencia virtual, cientos de manifestantes recorrían las calles aledañas al Congreso y la Corte Superior de Lima, custodiadas por un fuerte contingente policial.
En tanto, el Parlamento debate un proyecto para adelantar las elecciones generales a fin de ponerle fin a las violentas protestas que se han registrado en los últimos días después de la destitución y detención de Castillo.
El Ministerio de Salud confirmó el jueves que 14 personas han muerto durante las protestas, mientras que otras 40 han sido hospitalizadas. Los fallecimientos se han registrado en las regiones de Apurímac, Arequipa y Ayacucho, en el sur del Perú, y La Libertad, en el norte.
El gobierno de Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo, decretó el miércoles 30 días de emergencia nacional, con lo que se suspenden derechos y libertades públicas en un intento por contener los enfrentamientos, los cuales han afectado al comercio y al turismo debido a los bloqueos en carreteras y el cierre de aeropuertos y servicios ferroviarios.
La medida suspendió los derechos fundamentales de los ciudadanos y movilizó a las fuerzas armadas para complementar la labor policial en la contención de las manifestaciones en todo el país.
Las autoridades ordenaron el jueves por la tarde un toque de queda en 15 provincias ubicadas en las regiones de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho. La medida empieza a las 18:00, 19:00 o 20:00 de horas, dependiendo el lugar, y se extiende hasta las 04:00.
Castillo se negó a ser notificado y no participó en la audiencia. Su defensa en la cita en la audiencia estuvo en manos de un abogado de oficio, pues el abogado acreditado del expresidente, Ronald Atencio, explicó a The Associated Press que su ausencia se debe a que considera que “no existen mínimas garantías” y que el procedimiento ocurre luego de una destitución que incumple las leyes.
El abogado de oficio, Ítalo Díaz, recalcó que Castillo no incurrió en actos de rebelión debido a que nó se alzó en armas y aseguró que no hay riesgo de que el exmandatario obstaculice la pesquisa debido a que ya no está al frente del gobierno. En la cuestión del asilo, indicó que lo dicho por la cancillería mexicana no significa que Castillo hubiera presentado una solicitud.
Díaz anunció que apelaría la decisión para buscar anularla.
Tomado de AP.
