La Gobernación del Atlántico lideró un Consejo de Seguridad con enfoque de género en el que se analizaron las recientes dinámicas de violencia contra las mujeres y se definieron acciones integrales y articuladas para su prevención y judicialización.
Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 13 de abril de 2026 se han registrado 27 muertes violentas de mujeres en el departamento. De acuerdo con el análisis institucional, la mayoría de estos casos estaría asociada a dinámicas del crimen organizado, especialmente bajo la modalidad de sicariato, lo que evidencia cambios en los patrones de violencia.
El secretario del Interior, José Antonio Luque, explicó que este diagnóstico permite orientar respuestas más efectivas. “Estamos estructurando estrategias que incluyen el fortalecimiento de la Patrulla Púrpura, el trabajo con organizaciones sociales y el uso de herramientas tecnológicas para la prevención y el esclarecimiento de los casos”, señaló.
El funcionario enfatizó que el abordaje institucional reconoce la coexistencia de múltiples formas de violencia contra las mujeres, lo que requiere respuestas diferenciadas y coordinadas entre las entidades de justicia y seguridad.
Durante la jornada también se destacó el fortalecimiento de las capacidades operativas con la implementación de un sistema de videovigilancia con más de 400 cámaras con analítica de inteligencia artificial, distribuidas en 18 municipios e integradas al Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES). Esta herramienta busca mejorar la capacidad de reacción y facilitar la judicialización de los responsables.
Por su parte, la secretaria de la Mujer, María Lourdes Dávila, subrayó la necesidad de avanzar en la garantía de derechos. “El objetivo es que las mujeres del Atlántico vivan libres de violencia, fortaleciendo su autonomía económica, participación y acceso a oportunidades”, afirmó.
Desde las organizaciones sociales, Claudia Llanos, representante de la Red de Mujeres, valoró la articulación institucional y pidió avanzar en la reducción de la impunidad. “Se están generando compromisos para fortalecer las herramientas institucionales, agilizar procesos y garantizar atención y protección integral a las víctimas”, indicó.
El Consejo de Seguridad concluyó con el compromiso de reforzar la coordinación entre autoridades, Fuerza Pública y sociedad civil, mediante estrategias diferenciadas que permitan proteger la vida de las mujeres y avanzar hacia la erradicación de las violencias en el Atlántico.
