La Fiscalía General de la Nación decretó medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los implicados en el escándalo del contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, destinado a llevar internet a escuelas rurales del país.
De acuerdo con el ente investigador, los bienes afectados —cuyo valor conjunto supera los 65.900 millones de pesos— corresponden a predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios, algunos de ellos ubicados en el departamento del Atlántico.
Según informó la Fiscalía, estas propiedades pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres, así como a algunos de sus familiares.
Bienes habrían sido adquiridos con recursos ilícitos
El organismo judicial señaló que los inmuebles y activos intervenidos se encuentran en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, y que habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas detectadas en el proceso contractual, así como del anticipo entregado de manera irregular a la Unión Temporal Centros Poblados.
Las medidas, precisó la Fiscalía, tienen un carácter exclusivamente jurídico y buscan proteger y recuperar los recursos públicos comprometidos en el proyecto, cuyo objetivo era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.
Uso de sociedades para cometer irregularidades
La investigación evidenció, además, la mezcla de bienes de origen lícito con recursos ilícitos, así como el uso de las sociedades que integraban la Unión Temporal Centros Poblados como instrumento para la comisión de las irregularidades que rodearon el contrato de conectividad.
Cabe recordar que recientemente a Emilio Tapia le fue concedido el beneficio de libertad condicional, decisión que motivó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) a ordenar la compulsa de copias contra la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, por haber otorgado dicho beneficio.
La Fiscalía continúa adelantando las actuaciones judiciales para recuperar los dineros públicos y establecer responsabilidades adicionales en uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años en el país.
