La Fiscalía Octava de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó uno a uno a los 17 capturados por presunto robo de tierras en el municipio de Soledad.
A Wilmar Machuca Caicedo, presunto poseedor irregular, le imputó los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, asociación para la comisión de un delito para la administración pública, falsedad en documento público y urbanización ilegal.
A Luis Miguel Martínez Montañez le imputó los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.
Así mismo imputó a Alex Manuel Ahumada Díaz los delitos de cohecho por dar o ofrecer y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.
A Andrés Rafael Diazgranados, como servidor público de la Secretaría de Gobierno de Soledad, le imputó el delito de cohecho propio.
A Ismael Carcamo Marino el hecho punible de fraude procesal e invasión de tierra; Deisy Cantillo, exinpectora de Policía, los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, invasión de tierra en calidad de autora.
A Luis Fernando Peñaloza los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción en calidad de determinador, asociación de un delito contra la administración pública en calidad de coautor, falsedad material en documento público, urbanización ilegal en calidad de coautor y estafa agravada.
A José Luis Márquez, los delitos de peculado por apropiación en calidad de coautor, prevaricato por acción en calidad de determinador, asociación de comisión de un delito contra la administración pública, falsedad en documento público agravado, urbanización ilegal y estafa agravada.
Por su parte, a Iván Carlos Páez Redondo, como registrador de instrumento público, le imputaron los delitos de peculado por apropiación, urbanización ilegal, asociación de un delito contra la administración pública.
A José Luis Pacheco Teherán, como calificador de instrumentos público de Soledad, le imputaron los delitos de prevaricato por acción, asociación en la comisión de un delito contra la administración pública en calidad de coautor y urbanización ilegal.
A Marlon José Mora Montesino, como inspector de Policía, los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, asociación de un delito contra la administración pública, falsedad ideológica en documento público y urbanización ilegal.
Por su parte, a Francisco María Mejía De la Hoz, como Notario Único de Santo Tomás, la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción en calidad de coautor, asociación de un delito contra la administración pública y urbanización ilegal.
En relación con Juan Manuel Ucrós, en calidad de registrador de instrumentos públicos, los delitos de peculado por acción a favor de terceros, prevaricato por acción, asociación de un delito contra la administración pública y urbanización ilegal.
Así mismo a David de Castro Macías, quien fungió como registrador de instrumentos públicos de Soledad, le imputaron los delitos de peculado por apropiación y urbanización ilegal.
A Inés Salas, como supuesta ocupadora ilegal, le imputaron los delitos de falsedad en documento privado agravado, fraude procesal e invasión de tierra.
A Rafael Bossio Pinzón, los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción como determinador, fraude procesal, asociación para un delito contra la administración pública e invasión de tierra.
Por último, Roque José Lugo, como vigilante, los delitos de fraude procesal, falso testimonio e invasión de tierra.
La Fiscalía mencionó varios eventos en donde cada uno de los imputados participó.
El primer caso se remite a 2019, cuando un predio que la Constructora Arquitectura y Concreto le entregó a la Alcaldía de Soledad quedó supuestamente en manos de este grupo.
Así mismo, la Fiscalía expuso sobre terrenos privados de la Finca Villa Regina, que pertenecen a Tcherassi Mayans & Compañía.
A través de la Inspección de Policía, obtenían los amparos policivos e inmediatamente solicitaban un inicio de pertenencia ante juzgados civiles del circuito.
En otro de los eventos, la constructora Marval cedió un terreno para la construcción de un megacolegio en Ciudad del Parque, Soledad.
El modus operandi fue similar al de los anteriores casos, apelando a querellas para ejercer propiedad sobre los terrenos.
