Ante el Juzgado 16 Penal con control de garantías de Barranquilla, la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico imputó este martes los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado a los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad Autónoma del Caribe del año 2013, por la presunta elección irregular de Ramsés Vargas Lamadrid como rector de la institución.
Vargas Lamadrid se mantuvo en el cargo hasta marzo de 2018, cuando fue separado de la rectoría tras ser investigado por presuntos malos manejos financieros en el alma mater.
Durante la audiencia virtual de imputación de cargos estuvieron presentes Mariano Romero Ochoa, Paul García Visbal y Arturo González Peña, quienes no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
Según el ente acusador, los estatutos de la universidad establecían que ante la ausencia de la rectora en propiedad, Silvia Gette Ponce, quien se encontraba en licencia de seis meses, el cargo debía ser asumido por el entonces vicerrector Mariano Romero Ochoa. Sin embargo, esto no ocurrió, y el Consejo Directivo se reunió para designar a Ramsés Vargas Lamadrid, pese a que presuntamente no era suplente ni había sido nombrado como tal por su padre, Eduardo Vargas Osorio, miembro de la junta directiva.
De acuerdo con la investigación, Vargas Lamadrid no reunía los requisitos estatutarios para ocupar la rectoría, lo que, a juicio de la Fiscalía, configuraría los delitos imputados a los miembros del Consejo Directivo de 2013.
En este proceso aparecen como víctimas tanto la exrectora Silvia Gette, quien denunció haber sido apartada del cargo de manera “ilegal”, como la propia Universidad Autónoma del Caribe. Gette participó en la diligencia virtual acompañada de su abogada.
Contumacia contra Ramsés Vargas y Tamid Turbay
Durante la audiencia, la juez declaró en contumacia a Ramsés Vargas Lamadrid y a Tamid Turbay Echeverría, otro de los miembros del Consejo Directivo de 2013, por no haberse presentado a la diligencia judicial, pese a estar debidamente notificados.
La contumacia es una figura jurídica que permite al juez designar un abogado de la Defensoría Pública para representar a los procesados ausentes y posibilitar la continuación del proceso penal.
Según explicó el defensor público asignado, la Fiscalía presentó como evidencia un correo electrónico enviado a Tamid Turbay, desde el cual se respondió solicitando información sobre la audiencia, lo que demostraría que tenía conocimiento de la citación.
