Este lunes se conoció que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal a la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, quien el pasado 11 de abril concedió la libertad condicional a Emilio Tapia, condenado a 6 años y 4 meses de prisión tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía por el caso de Centros Poblados.
“Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión de la juez, al considerar que no se cumplieron los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida, con base en varias normas, incluido el artículo 64 del Código Penal, el artículo 150 del Código Penitenciario y Carcelario, el artículo 267 de la Constitución y el artículo 36 de la ley 190 de 1995, que obliga a que las entidades públicas perjudicadas frente a delitos como los endilgados al contratista, se constituyan en parte civil dentro del proceso”, informó la Comisión de Disciplina en un comunicado.
Según la Comisión Disciplinaria, tras esas consideraciones “a comienzos del mes de mayo se ordenó la indagación preliminar y este 17 de septiembre, a partir de la información recopilada, se ordenó la apertura de una investigación formal, tanto por las circunstancias que rodearon la medida de libertad condicional, como por una presunta mora en la concesión del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público”.
La Comisión señaló que “Emilio Tapia fue señalado como ‘cerebro’ de la maniobra que, mediante la presentación de falsas garantías bancarias por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, permitió el anticipo de 70 mil millones de pesos”.
El mencionado monto luego “se extravió y hacía parte de un contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para conectar a poblaciones vulnerables en zonas rurales del país”.
Tapia se encontraba recluido en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla y tras esa decisión logró salir del centro de reclusión.
