El proceso judicial contra el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos entró en una etapa decisiva este lunes luego de que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla comenzara a resolver los recursos relacionados con las pruebas que serán utilizadas en el juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Durante la audiencia, el juez Hugo Carbonó confirmó la exclusión del interrogatorio que rindió Nicolás Petro tras su captura en 2023 en el norte de Barranquilla, al considerar que no existían fundamentos para modificar la decisión adoptada previamente.
Se mantiene la exclusión del interrogatorio
Al resolver los recursos de reposición y apelación presentados por las partes, el despacho judicial rechazó la solicitud de la Fiscalía para revocar la exclusión de esa diligencia.
“No hay errores como señala la Fiscalía”, afirmó el juez durante la audiencia.
Carbonó sostuvo que la decisión inicial estuvo ajustada a la ley y a la jurisprudencia aplicable al caso.
“Al no evidenciarse el error alegado por la Fiscalía, y por el contrario verificarse que la decisión recurrida se encuentra debidamente sustentada en normas legales y precedentes jurisprudenciales aplicables al caso concreto, este despacho concluye que no hay mérito para acceder a la reposición solicitada”, señaló.
En consecuencia, el juez determinó que se mantiene la declaratoria de ilicitud y exclusión de los interrogatorios rendidos por el procesado.
Declaración de renta y reportes financieros sí serán pruebas
Mientras algunas evidencias quedaron por fuera del proceso, otras fueron admitidas para el juicio que se aproxima.
Entre las pruebas aceptadas figura la declaración de renta de Nicolás Petro correspondiente a 2022, período en el que, según la investigación, habría recibido recursos de presunta procedencia irregular.
La documentación será utilizada para establecer si existió un incremento patrimonial injustificado.
Asimismo, el despacho avaló la incorporación de un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), así como registros de movimientos bancarios en cuentas de Davivienda y Banco Pichincha.
También harán parte del material probatorio conversaciones y chats atribuidos a Blanca Isabel Gutiérrez, además de información relacionada con el empresario Gabriel Hilsaca, entre otros elementos recopilados durante la investigación.
Juez negó solicitud de aplazamiento
La audiencia estuvo precedida por una petición de la defensa para suspender la diligencia, luego de presentar una recusación contra la fiscal tercera delegada contra el lavado de activos, Lucy Marcela Laborde.
La solicitud recibió el respaldo de la Procuraduría, pero fue rechazada por el juez Carbonó, quien consideró que la legislación no contempla la suspensión automática de la audiencia en este tipo de circunstancias.
“Es una falta de carácter del juez y falta de dirección estar permitiendo que las audiencias se aplacen por motivos que no son fundados, ni encuentran un respaldo estricto en la ley”, manifestó.
El funcionario agregó que la continuidad de la diligencia no vulnera garantías procesales.
“Acá no se van a vulnerar derechos”, sostuvo.
Además, advirtió que un aplazamiento podría afectar el desarrollo del proceso y los derechos de las demás partes involucradas.
“Si se aplaza se corre el mismo riesgo de que no hayan resuelto la recusación y esto puede ir en contravía de los derechos de las víctimas y de los intervinientes”, concluyó.
Con estas decisiones, el caso avanza hacia la etapa de juicio, en la que la Fiscalía buscará demostrar la responsabilidad de Nicolás Petro en los delitos que le fueron imputados, mientras la defensa intentará desvirtuar las acusaciones en su contra.
