La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó a 40 años de prisión al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por su responsabilidad en 117 crímenes cometidos contra comunidades indígenas del departamento de La Guajira, entre los años 2002 y 2006, informó este lunes la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la sentencia, integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayuu, adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), perpetraron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencia basada en género y otras conductas ilícitas, siguiendo directrices impartidas por los cabecillas del grupo armado, entre ellos Mancuso.
El fallo señala que al excomandante paramilitar se le atribuye, entre otros hechos, la incursión armada en la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia (La Guajira), donde varios indígenas wayuu fueron retenidos, golpeados y despojados de elementos representativos de su cultura, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas tradicionales.
Asimismo, el tribunal responsabilizó al grupo comandado por Mancuso del homicidio de dos indígenas, ocurrido el 17 de marzo de 2002 en el asentamiento Kepischon, también en Uribia.
Según la Fiscalía, el Frente Contrainsurgencia Wayuu fue creado en marzo de 2002, llegó a contar con cerca de 150 hombres armados y permitió a las AUC extender su accionar violento hacia zonas estratégicas de La Guajira, especialmente en áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.
Además de la pena privativa de la libertad, Mancuso fue condenado a una multa cercana a los 14 millones de dólares y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 40 años. No obstante, el exjefe paramilitar podrá acceder a una pena alternativa de hasta ocho años de prisión, siempre y cuando cumpla con los compromisos de verdad, reparación y no repetición establecidos en la Ley de Justicia y Paz.
Salvatore Mancuso regresó a Colombia en febrero de 2025, luego de cumplir una condena de 15 años en Estados Unidos por narcotráfico, con el propósito de responder ante la justicia transicional por los crímenes cometidos durante su liderazgo en las AUC.
Su retorno al país reavivó el debate público tras su designación como gestor de paz por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro en noviembre de 2024, junto a otros exjefes paramilitares. Esta figura les permite actuar como facilitadores en procesos de desmovilización y sometimiento de grupos armados, sin que ello implique beneficios judiciales automáticos.
Sin embargo, dicha designación fue demandada ante el Consejo de Estado por la Defensoría del Pueblo, que cuestionó la ausencia de mecanismos de control y de participación efectiva de las víctimas, y advirtió que otorgar roles institucionales a responsables de crímenes de lesa humanidad podría afectar la confianza ciudadana en el Estado como garante de los derechos humanos.
