A pocos meses de las elecciones presidenciales, crece la incertidumbre sobre el futuro de los diálogos sociojurídicos que el Gobierno Nacional adelanta con estructuras criminales como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ en Barranquilla.
El delegado del Gobierno para este proceso, Camilo Pineda, sostuvo que la apuesta es que la paz trascienda coyunturas políticas. “La paz no es una política de gobierno, es una política de Estado y una obligación constitucional”, afirmó.
En ese sentido, indicó que la intención es presentar un plan que pueda ser conocido y evaluado por los distintos sectores políticos, independientemente de quién resulte elegido presidente. “Más allá de una interlocución con estructuras criminales, proponemos un modelo de articulación institucional, diálogo comunitario y negociación dentro del marco legal”, explicó.
Avances y retos del proceso
Pineda señaló que actualmente se mantienen conversaciones con estas organizaciones, que están a la espera de una propuesta formal de sometimiento a la justicia. Este mecanismo, aclaró, será evaluado por los propios integrantes de las estructuras.
El funcionario también advirtió sobre dificultades en el sistema judicial, al indicar que muchas personas privadas de la libertad aún no han sido condenadas, lo que limita la resolución de su situación jurídica.
A pesar del contexto político, insistió en que el objetivo sigue siendo reducir los niveles de violencia en Barranquilla y su área metropolitana, incluso si los resultados no alcanzan los niveles registrados en 2025.
Cabe recordar que durante ese año se logró un desescalamiento de homicidios del 43,5 % entre septiembre y diciembre, tras una tregua entre cabecillas de estas estructuras.
Tensiones y denuncias recientes
El panorama se complejiza con denuncias recientes de alias ‘Castor’, señalado líder de ‘Los Costeños’, quien aseguró desde prisión que existe un plan para asesinarlo, presuntamente coordinado por cabecillas de grupos rivales.
Según su versión, se buscaría su traslado desde la cárcel de Cómbita a otro centro de reclusión para ejecutar el ataque. Además, denunció amenazas contra su familia y su equipo legal.
Estas tensiones reflejan los desafíos que enfrenta el proceso en medio de un escenario político cambiante, donde su continuidad dependerá, en parte, de la voluntad del próximo gobierno y de los resultados que logre consolidar en materia de seguridad y reducción de la violencia.
