Frente a diversas publicaciones de prensa, la Rectoría de la Universidad Metropolitana de Barranquilla se pronunció para rechazar la imputación penal realizada contra Luis Fernando Acosta Osio, presidente del Consejo Directivo de la institución, al señalar que se trata de una actuación irregular y sin respaldo probatorio.
Según el comunicado, la imputación no cuenta con evidencia seria, técnica ni jurídicamente consistente que comprometa la responsabilidad penal de Acosta Osio. Por el contrario, la universidad afirmó que el proceso refleja una persecución injustificada, abusiva y alevosa, que vulnera principios fundamentales del Estado de Derecho.
La Rectoría recordó que la Universidad Metropolitana estuvo bajo vigilancia del Ministerio de Educación Nacional durante varios años, como consecuencia directa del desfalco de más de $30 mil millones ocurrido durante la administración de Carlos Jaller Raad, su esposa Ivonne Acosta Acero y otros implicados, hechos que ocasionaron un grave detrimento patrimonial y motivaron la intervención estatal.
En ese contexto, la institución expresó su preocupación tras conocer, a través de los medios, que Ivonne Acosta Acero solicitó una nueva intervención por parte del Ministerio de Educación. Al respecto, enfatizó que en el año anterior el Ministerio levantó la vigilancia especial, luego de constatar la recuperación financiera, administrativa y académica de la universidad.
La Universidad Metropolitana calificó como extraño y preocupante que quienes promueven una nueva intervención —Ivonne Acosta Acero, Carlos Jaller Raad y otros miembros de su clan— sean precisamente prófugos de la justicia, señalados de participar en el desfalco que afectó a la institución.
Finalmente, la Rectoría reiteró que la Universidad Metropolitana de Barranquilla continuará operando con normalidad, trabajando por el bienestar de sus estudiantes y garantizando una formación profesional de calidad, especialmente en el área de la salud. Asimismo, reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia, la calidad académica y la defensa del patrimonio institucional.
