Con el propósito de fortalecer los programas sociales y la defensa de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, la Gobernación del Atlántico participó en la Mesa de Seguridad y Protección para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, convocada por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el colectivo Caribe Afirmativo.
El encuentro, realizado en el hotel Windsor de Barranquilla, reunió a delegados de los ocho departamentos del Caribe con el fin de acordar acciones inmediatas entre las instituciones del Estado y la sociedad civil frente al aumento de vulneraciones de derechos, así como establecer mecanismos de seguimiento permanente a los compromisos adquiridos.
El gobernador Eduardo Verano De la Rosa destacó la importancia de este espacio como un ejercicio de concertación y respaldo institucional.
“Celebramos este escenario de escucha y acción que nos permite avanzar en la implementación de medidas concretas para reducir las afectaciones a los derechos humanos de la población LGBTIQ+”, expresó el mandatario.
Verano recordó que durante su administración (2016-2019) se presentó ante la Asamblea Departamental el proyecto que dio origen a la Política Pública LGBTI, formalizada mediante la Ordenanza 00472 de 2019, con cuatro ejes estratégicos: desarrollo social, desarrollo económico sostenible, ambientes laborales inclusivos y garantía de acceso a los servicios sociales.
El gobernador también resaltó la continuidad de este proceso con la creación del Consejo Consultivo LGBTI del Atlántico, impulsado por la exgobernadora Elsa Noguera, y explicó que, bajo el actual plan de desarrollo ‘Atlántico para el Mundo’, el enfoque de género y diversidad se ha incorporado de manera transversal en todas las dependencias.
Asimismo, Verano subrayó la inversión en seguridad ciudadana para fortalecer las capacidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla y del Comando de Policía del Atlántico, con el fin de reducir la violencia y la discriminación contra los sectores históricamente excluidos.
Las acciones en favor de la población diversa son lideradas por las secretarías del Interior y de la Mujer y Equidad de Género, que trabajan articuladamente con organizaciones sociales en la identificación de alertas tempranas y la construcción de rutas de atención integrales.
“Seguiremos trabajando por un Atlántico más justo, diverso y humano, donde cada persona pueda ejercer sus derechos con dignidad y sin temor”, afirmó el gobernador.
Por su parte, Jonathan Gamarra, coordinador departamental de Asuntos LGBTIQ+, señaló que el departamento ha avanzado en la reducción de la violencia gracias a la inversión en dotación de la fuerza pública y al impulso de programas como ‘Mi Casa Bacana’, capacitación, apoyo a emprendimientos y actividades culturales.
El director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, presentó un informe sobre la situación actual de la población LGBTIQ+ en la región, revelando que en lo corrido del año se han registrado 55 casos de violencia, e instó a los gobiernos locales a reactivar las políticas públicas y fortalecer la presencia institucional en los territorios.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, reconoció las fallas en la ejecución de las políticas públicas y anunció un seguimiento conjunto con la comunidad y las autoridades locales para garantizar su cumplimiento.
“La mayor queja es que no se ejecutan las políticas ni se asignan recursos. Vamos a definir mecanismos de seguimiento efectivo para que la comunidad supervise los compromisos y desde la Procuraduría impulsemos su cumplimiento”, afirmó.
Finalmente, líderes de la sociedad civil como Eva Prents, del colectivo Trans Sapiens de Bolívar, coincidieron en que el diálogo directo con las comunidades es clave para diseñar políticas efectivas y frenar los abusos de grupos al margen de la ley.
