Este miércoles se inició en Barranquilla el Segundo Congreso Nacional de Restitución de Tierras, considerado el principal escenario del país para articular esfuerzos entre el Gobierno Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, comunidades y organismos de cooperación internacional, con el propósito de fortalecer la reparación integral de las víctimas de despojo y abandono forzado.
El encuentro, liderado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), reúne durante tres días a más de 180 actores clave para definir el rumbo de la política de restablecimiento de derechos territoriales y consolidarla como un eje de la paz, la justicia social y el desarrollo sostenible.
La agenda contempla 13 paneles, cinco conferencias y seis mesas de trabajo, en las que se abordarán temas relacionados con las soluciones duraderas para las víctimas, la restitución colectiva, el acceso de las mujeres a la tierra, la protección de territorios étnicos y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos de restitución.
El director general de la URT, Giovani Yule, destacó que este espacio permitirá avanzar en decisiones fundamentales para garantizar los derechos de las familias afectadas por la violencia.
“Este congreso es un espacio crucial para tomar decisiones sobre cómo garantizar los derechos de miles de familias que han padecido el despojo y la violencia en distintos territorios del país”, expresó el funcionario.
Durante el evento también se socializarán avances alcanzados por la entidad en el actual Gobierno, entre ellos el fortalecimiento de la restitución étnica, la implementación del Modelo 8 de Seguridad Humana para facilitar el acceso a los territorios y la nueva ruta de atención para sujetos colectivos campesinos.
Según la URT, los resultados recientes reflejan un incremento significativo en la gestión de restitución de tierras. La entidad indicó que el 60 % de las hectáreas inscritas y el 61 % de las hectáreas demandadas durante la vigencia de la ley han sido tramitadas en el actual Gobierno, lo que representa un avance en la protección y reparación de las víctimas del conflicto armado.
