La crisis en la prestación de servicios de la Nueva EPS en el Atlántico escaló a un nivel crítico. Desde el 20 de diciembre de 2025, cerca de 440.000 afiliados enfrentan serias dificultades para acceder a medicamentos y atención médica, una situación que golpea con mayor fuerza a pacientes crónicos, trasplantados, oncológicos y personas con enfermedades de alto riesgo, y que ya es considerada una alerta sanitaria en el departamento.
Ante este panorama, la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Salud, lideró un frente institucional con los entes de control para exigir respuestas inmediatas, verificables y sostenibles que garanticen el derecho fundamental a la salud. La administración departamental advirtió que la crisis local se suma a la compleja situación que atraviesa el sistema de salud a nivel nacional.
Mesa urgente con entes de control
Como respuesta, este miércoles se realizó una mesa de trabajo interinstitucional urgente en la sede regional de la Superintendencia Nacional de Salud, que actuó como garante. Al encuentro asistieron representantes de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Personería Distrital de Barranquilla y directivos de la Nueva EPS, con el objetivo de exigir compromisos concretos y rutas claras para superar la emergencia.
El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, fue enfático al señalar que la situación “no admite dilaciones”. “Lo que antes era una excepción hoy se convirtió en la regla: no hay entrega de medicamentos. Un paciente con cáncer o un trasplantado no puede esperar un trámite administrativo. Estamos hablando de la vida de las personas”, afirmó, al tiempo que exigió un plan de contingencia inmediato, serio y operativo, sujeto a evaluación estricta por parte de la autoridad sanitaria y los organismos de control.
Deuda millonaria y cierre de puntos
Según información entregada por la propia Nueva EPS durante la reunión, la crisis se originó en una grave iliquidez financiera y en embargos judiciales, que derivaron en una deuda cercana a $75.000 millones con el gestor farmacéutico Éticos. Esta situación provocó el cierre de los puntos de dispensación desde finales de diciembre en todo el departamento.
Radiografía de una crisis silenciosa
La Secretaría de Salud presentó un estudio técnico aplicado a 1.300 usuarios en zonas urbanas y rurales, cuyos resultados evidencian la magnitud del problema. El informe revela que en varios corregimientos la entrega de medicamentos es inexistente, mientras que el 95 % de las inconformidades no se reportan formalmente, lo que oculta la real dimensión de la crisis.
Además, se documentó que usuarios en condición de pobreza deben desplazarse entre 4 y 10 kilómetros, gastando recursos mínimos de su subsistencia diaria, para recibir únicamente un sello de “pendiente de entrega”. Fajardo calificó esta situación como “la fila de la muerte”, al convertir el acceso a medicamentos básicos para hipertensión o diabetes en un riesgo directo para la vida, especialmente en áreas rurales.
Exigencias y compromisos
La Gobernación fue clara en su mensaje: los trámites administrativos no pueden estar por encima de la vida. Por ello, exigió a la Nueva EPS presentar a más tardar este jueves 15 de enero un plan de contingencia integral, que incluya una red de dispensación clara y funcional, cobertura real en los 22 municipios del Atlántico y medidas que no se conviertan en nuevas barreras, como trámites exclusivamente virtuales.
La EPS informó que avanza en la contratación de un nuevo gestor farmacéutico, que tendría 48 puntos de atención, y planteó medidas como “entregatones” masivas y un enlace virtual para la captura de fórmulas. Sin embargo, la Secretaría de Salud advirtió que estas acciones serán vigiladas estrictamente para evitar nuevas afectaciones a la población rural.
También se solicitaron garantías de continuidad en la atención, tras confirmarse la prórroga del contrato con la IPS UT Bienestar hasta abril de 2026, lo que permitiría mantener servicios como consulta externa, medicina general y hospitalización.
Vigilancia y acciones en curso
Durante la mesa, la Personería Distrital informó que existen 42 desacatos a tutelas contra la Nueva EPS en el Atlántico, mientras que la Contraloría anunció un plan especial de vigilancia fiscal y administrativa para el primer semestre de 2026.
La Gobernación reiteró que mantendrá seguimiento permanente y público al cumplimiento de los compromisos. “Cuando se trata de la salud de nuestra gente, no vamos a bajar la guardia”, concluyó Fajardo, advirtiendo que, de no haber soluciones efectivas, la situación será elevada a todas las instancias nacionales necesarias.
