La Defensoría del Pueblo solicitó la adopción de medidas urgentes para enfrentar el deterioro de la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana, tras advertir un aumento de la violencia asociado, presuntamente, a la disputa entre organizaciones criminales por el control territorial.
En un pronunciamiento, el organismo de control señaló que la protección de la vida y la integridad de la población debe ser una prioridad para las autoridades, luego de que durante el último fin de semana de junio se registraran 25 homicidios en Barranquilla, hechos que atribuyó a la confrontación entre los grupos ‘Los Pepes’, ‘Los Costeños’ y una facción de esta última estructura conocida como ‘Los del Freseo’ o ‘La Nueva Generación’.
La Defensoría advirtió que el impacto de esta situación ya se refleja en la dinámica económica y social de la ciudad.
«Se requieren medidas urgentes por parte de las autoridades locales, especialmente de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y de la Fuerza Pública», indicó el organismo, al señalar que la crisis de seguridad habría provocado el cierre de establecimientos comerciales en zonas estratégicas, particularmente en el Centro y en barrios del suroriente y suroccidente de la capital del Atlántico.
Alertan por amenazas y restricciones a la movilidad
El Ministerio Público también manifestó su preocupación por la circulación de panfletos y videos amenazantes, así como por las restricciones a la movilidad y los hostigamientos que, según indicó, han afectado la vida cotidiana de los habitantes y el desarrollo de las actividades comerciales.
La entidad recordó que estos riesgos ya habían sido advertidos en la Alerta Temprana 022 de 2023, documento en el que se identificó el fortalecimiento de estructuras criminales en Barranquilla y su área metropolitana.
Entre las problemáticas señaladas en esa alerta figuran el incremento de homicidios, la utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos delincuenciales, los feminicidios, así como desapariciones de jóvenes, homicidios de conductores de motocarros, amenazas contra líderes sociales, extorsiones, desplazamientos forzados y otras formas de violencia que afectan a las comunidades.
Llamado a autoridades y grupos armados
La Defensoría hizo un llamado a los grupos criminales para que excluyan a la población civil de sus acciones violentas y cesen las amenazas y demás prácticas que vulneran los derechos humanos.
Al mismo tiempo, pidió a la Alcaldía de Barranquilla, a las administraciones municipales del área metropolitana y a las demás autoridades competentes adoptar acciones urgentes, sostenidas, verificables y coordinadas para proteger la vida y la integridad de la ciudadanía.
Además, instó a fortalecer la articulación institucional y avanzar en la construcción de un plan integral de mitigación que permita responder a la situación de violencia que enfrenta el departamento del Atlántico.
