La administración municipal de Soledad vuelve a estar en el centro de la controversia tras la contratación del agente de tránsito José de Dios Pacheco Montenegro, quien se encuentra inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de la ciudadanía y diversos sectores sociales.
Pacheco fue vinculado mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 080 de 2025, con una duración de tres meses y con funciones de regulación del tránsito en el municipio, a pesar de tener vigente una sanción de destitución e inhabilidad por 10 años impuesta por la Policía Nacional en marzo de 2018, según el Acto Administrativo 1208 de ese año.
El caso ha sido calificado como una grave violación a la normatividad vigente y se suma a otros antecedentes cuestionables de la actual administración de la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez. Cabe recordar que en meses recientes también fue nombrado en la autoridad ambiental EDUMAS un funcionario sancionado por el Ministerio Público.
La situación se agrava debido a que el agente Pacheco ha sido señalado en un presunto caso de extorsión, denunciado públicamente por un ciudadano. Según el relato, la hija del denunciante habría sido presionada por el uniformado para transferir $240.000 a través de una aplicación digital, bajo la amenaza de inmovilizar el vehículo con grúa, en un caso que ocurrió mientras Pacheco ejercía funciones en las calles de Soledad.
Ante este panorama, líderes comunitarios como Federman Vizcaíno han levantado la voz. “La norma es clara al prohibir la contratación de personas inhabilitadas. Aquí se ha ignorado deliberadamente esa disposición”, afirmó el líder, quien ha venido haciendo seguimiento a presuntas irregularidades en la contratación pública en el municipio.
La comunidad exige una explicación inmediata por parte del Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad (IMTTRASOL) y de la propia alcaldesa, así como la intervención urgente de los entes de control como la Procuraduría y la Contraloría General de la República.
La polémica contratación refuerza la percepción de permisividad institucional frente a casos de presunta corrupción y abuso de autoridad, y despierta nuevamente la inquietud sobre los filtros en los procesos de selección de personal en las entidades del municipio.
La ciudadanía ha reiterado su llamado: “¡Soledad no puede seguir tolerando estas decisiones irresponsables!”.
