La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para la Seguridad Territorial, emitió orden de Policía Judicial con fines de interrogatorio contra cinco miembros del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por omisión.
Los citados son: Manuel Fernández Ariza, representante del sector productivo; Miguel Antonio Caro Candezano, representante de las directivas académicas; Wendell Archibold Barrios, representante de los profesores; Abraham González Tinoco, representante de los egresados; y Angely Loraine Díaz Cordero, representante estudiantil
La citación fue expedida por la Fiscal 27 Local, Inés Alexandra Osorio Osorio, tras una denuncia penal y disciplinaria interpuesta por el ciudadano Bairon de Jesús Orozco Ramírez, quien argumenta que los consejeros incurrieron en una omisión deliberada de sus deberes funcionales al no tramitar conforme a la ley una recusación presentada contra ellos.
El centro de la controversia: la reforma para la reelección del rector
Según la denuncia, el egresado Jhonatan Javier Camargo Moya presentó una recusación formal el 7 de mayo de 2025, alegando conflicto de intereses de todos los miembros del Consejo Superior en el proceso de reforma del Estatuto General de la Universidad, la cual busca habilitar la reelección inmediata del actual rector, Danilo Rafael Hernández Rodríguez.
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), cuando una recusación afecta el quórum decisorio, debe ser tramitada obligatoriamente por la Procuraduría General de la Nación, no por el mismo órgano recusado. No obstante, los miembros del Consejo habrían omitido este procedimiento, permitiendo así el avance del trámite y la aprobación del proyecto en primer debate durante la sesión del 12 de mayo de 2025.
El hecho ocurrió a pesar de múltiples advertencias jurídicas, entre ellas las del Secretario Jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Nader, quien señaló que proceder sin resolver las recusaciones violaba la normativa vigente y exponía a los consejeros a consecuencias penales y disciplinarias.
