La Registraduría Nacional del Estado Civil certificó el incumplimiento de los requisitos legales en el proceso de revocatoria del mandato contra el alcalde de Santa Lucía, Atlántico, Edward Ecker Martínez, luego de verificar las firmas presentadas por el comité promotor denominado “Revocatoria Garante del Cambio”.
De acuerdo con el informe oficial, el comité entregó 1.380 firmas dentro del plazo legal; sin embargo, tras el proceso de validación, solo 742 fueron consideradas válidas, cifra que no alcanza el umbral mínimo exigido por la ley.
Según explicó la entidad electoral, para que una revocatoria de mandato sea admitida se requiere un número de firmas válidas equivalente al 30 % de los votos obtenidos por el mandatario en la elección. En el caso del alcalde Ecker Martínez, ese umbral correspondía a 1.301 firmas, muy por encima de las avaladas.
El reporte técnico señala que 638 registros fueron descartados por diferentes inconsistencias, lo que llevó a la improcedencia del proceso. La decisión se fundamenta en lo establecido por la Ley Estatutaria 1757 de 2015, que regula los mecanismos de participación ciudadana, y en la Sentencia SU-077 de 2018 de la Corte Constitucional, que fija requisitos como la realización de una audiencia pública previa y la correcta entrega de los formularios.
Tras conocerse la certificación de la Registraduría, el alcalde Edward Ecker Martínez emitió un comunicado en el que aseguró que, durante el seguimiento al proceso, se habrían detectado irregularidades graves, entre ellas la presunta inclusión de firmas de ciudadanos que no habrían autorizado su participación.
El mandatario advirtió que estos hechos podrían configurar falsedad ideológica en documento público, además de generar desinformación y perturbación social. En ese sentido, anunció que interpondrá denuncias penales contra los voceros del comité promotor para que las autoridades competentes determinen las responsabilidades correspondientes.
“El municipio defiende la democracia y la participación ciudadana, pero no el fraude ni el uso indebido de los mecanismos constitucionales”, señaló el alcalde, quien hizo un llamado a la comunidad a mantener la calma, informarse a través de canales oficiales y confiar en que la legalidad y el interés general prevalecerán.
Con esta certificación, el proceso de revocatoria no continuará su trámite, al no cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad vigente.
