El Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el exrector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios Torres, contra el Ministerio de Educación Nacional, con la que buscaba ser restituido en el cargo de rector.
Barrios pretendía que se dejara sin efecto la resolución del 11 de diciembre, mediante la cual el Ministerio designó a Rafael Castillo Pacheco como rector encargado, en el marco de una medida preventiva de vigilancia sobre la institución.
El exdirectivo cuestionaba a la cartera de Educación por una presunta falsedad en certificaciones laborales relacionadas con su experiencia docente, documentos que presentó durante el proceso de elección en el que fue designado rector por el Consejo Superior, el 27 de octubre de 2025.
En la tutela, Leyton Barrios vinculó además a la Gobernación, al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico y a la Procuraduría General de la Nación, alegando la vulneración de varios derechos fundamentales.
En el fallo, el despacho judicial resolvió “declarar improcedente la acción de tutela invocada por Leyton Barrios”, al considerar que no se configuró una violación directa de derechos como el trabajo, el mínimo vital, el debido proceso, la intimidad personal, el buen nombre, la honra, la libertad y la autonomía universitaria.
Barrios también solicitaba la protección de los derechos fundamentales a la educación, el trabajo y el debido proceso de los estudiantes y graduandos de la universidad, petición que igualmente fue descartada por el juzgado.
Según la decisión, la tutela no es el mecanismo adecuado para controvertir este tipo de actos, ya que “existen mecanismos judiciales idóneos y adecuados para debatir la legalidad de los actos administrativos ante el juez natural, esto es, la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
En su argumentación, el exrector manifestó ser responsable del sustento de sus dos hijos menores de edad y sostuvo que su salario como rector era la principal fuente de ingresos del hogar, por lo que, según dijo, su salida del cargo afectaba de manera directa la calidad de vida, educación, salud y desarrollo integral de los menores.
Con esta decisión, la vía de la tutela queda cerrada para Barrios, quien deberá acudir a los mecanismos judiciales ordinarios si pretende controvertir la actuación del Ministerio de Educación y su salida de la rectoría.
