La llegada de Jesús María Acevedo Magaldi a la Contraloría Distrital de Barranquilla es un escalón más, de una carrera que ha estado directamente relacionada con el sector público y siempre ligada con hechos que pueden evaluarse al borde de infracción de lo penal y disciplinario, pero sobretodo contrario a toda ética.
Acevedo Magaldi, figura como asociado fundador de la Corporación Educativa para la Investigación y Desarrollo en Talento Humano, Finanzas y Tecnología – CEIFIT. Según los Estados Financieros de esa entidad, en el año 2019 ejecutaron convenios con ingresos operacionales por la suma de $6.421.142.991, lo que les generó una utilidad neta de $ 317.271.674.
La alianza presuntamente corrupta de Acevedo, Fiorillo y Náder, involucra ahora a funcionarios de otras entidades.
Según pudo establecer Atlántico en Noticias, la entidad que fundó Acevedo y que representa legalmente su mamá, contrató entre los años 2017 y 2019, con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, dirigida entonces por Alberto Escolar, mas de 4.600 millones de pesos.
Todos los contratos con objetos contractuales que resultan absolutamente abstractos, “desarrollar estrategias, capacitar, formular programa, profundizar”, no es posible con esos objetos contractuales, que se pueda evidenciar un cumplimiento tangible de las actividades desarrolladas por parte del contratista. La relación de Acevedo y su corporación con la CRA, está presuntamente ligada a la actividad de control fiscal que desarrollan las contralorías tanto distrital como departamental sobre esa entidad.
En el año 2017, contrataron 100 millones de pesos para “capacitar, actualizar, profundizar y complementar los conocimientos y habilidades y competencias de los funcionarios de la CRA”; 200 millones de pesos, para indicarle a los ciudadanos de Repelón y Sabanalarga la existencia de “soluciones de autogeneración eléctrica”.
Pero no satisfechos con esa inversión, vuelven en el año 2018 a contratar, ahora, por 400 millones de pesos, el mismo objeto de: “soluciones de autogeneración eléctrica”, en los municipios de Candelaria y Luruaco. El objeto contractual es el mismo, en 2017 y 2018, la actividad se desarrolló en 2 municipios, ambos años, pero de un año a otro, el gasto se duplicó. En 2018 y ahora por 110 millones de pesos se volvió a “capacitar, actualizar, profundizar y complementar los conocimientos y habilidades y competencias de los funcionarios de la CRA”.
En el año 2018 y con el objeto de “desarrollar estrategias”, la Corporación Educativa para la Investigación y Desarrollo en Talento Humano, Finanzas y Tecnología – CEIFIT, contrató mas de 1500 millones de pesos con la CRA; estrategias que van desde el manejo de residuos solidos, valorar especies exóticas, hasta control de ruido.
Esos mismos objetos contractuales intangibles se repiten en los contratos celebrados en el año 2019, entre la CRA y la Corporación fundada por Acevedo Magaldi, quien, para la época, era presuntamente, solo un canal que se prestaba para saciar el apetito voraz por contratos, que tenían desde la contraloría distrital.
En el año 2019, la Corporación Educativa para la Investigación y Desarrollo en Talento Humano, Finanzas y Tecnología – CEIFIT, celebró con la Secretaría del Interior de la Gobernación del Atlántico, un convenio de asociación por valor de 700 millones de pesos; con la finalidad de “aunar esfuerzos institucionales para desarrollar procesos de capacitación a los actores sociales y comunitarios de los municipios del departamento del Atlántico por medio de “un diplomado en control social, participación ciudadana y derechos humanos”.
Para la época de la celebración de ese contrato, por delegación del Despacho del Gobernador, era la oficina jurídica, dirigida por el flamante abogado Rachid Náder Orfale, la que viabilizaba, aprobaba y elaboraba los convenios de asociación. No fue posible establecer cuántos fueron los participantes del diplomado, pero lo que menos tiene justificación es que se contrate con una entidad que no cuenta con ningún tipo de reconocimiento en el Departamento, cuando existen corporaciones, universidades y establecimientos de educación superior, con la idoneidad y la infraestructura para desarrollar este tipo de actividades. Un yo con yo, Náder utilizó la dependencia que dirigía para favorecer a Acevedo Magaldi.
No debe existir ningún temor en la celebración de estos contratos, que, a la vista de cualquiera, tienen objetos contractuales intangibles, puesto que quien investiga un posible detrimento para el erario, presuntamente participa en la repartición de las ganancias. La creación de estas corporaciones y fundaciones fantasmas, que no tienen un objeto social claro, que están pensadas para hacer de todo, es una manera de hacerle el saque a la ley, y parece, que para ello cuentan con algunos funcionarios administrativos y con los entes de control.
