La Gobernación del Atlántico informó que 10.000 víctimas del conflicto armado han sido beneficiadas con los diferentes programas que ejecuta la administración departamental, según el balance presentado durante el primer Comité Territorial de Justicia Transicional de 2026.
El encuentro, encabezado por el gobernador Eduardo Verano, reunió a representantes de las alcaldías municipales y de entidades del Estado para evaluar los avances de la política pública dirigida a esta población y definir acciones que permitan fortalecer la atención y la articulación institucional.
De acuerdo con el balance oficial, uno de los programas con mayor impacto ha sido Ruta a la U, iniciativa que facilita el acceso a la educación superior y en la que más del 50 % de los beneficiarios son víctimas del conflicto armado.
Durante la jornada también se socializó la oferta institucional de las distintas dependencias de la Gobernación y de entidades nacionales, con el propósito de impulsar la formulación de proyectos y ampliar el acceso de las víctimas a programas y servicios públicos.
«En el Atlántico estamos comprometidos con brindar oportunidades reales a las víctimas del conflicto armado. Seguiremos articulando esfuerzos con los municipios y las entidades del Estado para garantizar una atención integral, fortalecer la prevención y avanzar en la construcción de un departamento con más inclusión y más paz», afirmó el gobernador Eduardo Verano.
Aprueban planes para fortalecer la atención
Uno de los principales resultados del comité fue la aprobación del Plan Integral de Prevención y del Plan de Contingencia, herramientas que buscan actualizar las rutas de atención y mejorar la capacidad de respuesta institucional frente a los riesgos que enfrenta esta población.
La coordinadora de la Oficina para la Gestión de Paz, Derechos Humanos y Víctimas del Conflicto de la Gobernación, Diandra Escudero, explicó que las acciones también estarán enfocadas en fortalecer la atención en los municipios con mayores necesidades.
«Priorizamos a los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría para facilitar el acceso a los recursos y garantizar una atención más efectiva en sus territorios», señaló la funcionaria.
Con estas decisiones, la administración departamental busca fortalecer la coordinación con las alcaldías y con las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el objetivo de ampliar la cobertura de los programas y mejorar la atención dirigida a las personas afectadas por el conflicto armado en el Atlántico.
