La Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico declaró improcedentes las recusaciones presentadas por tres ciudadanos contra ocho integrantes del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, decisión que permite reactivar el proceso de elección de decanos, el cual permanecía suspendido desde el pasado 3 de junio.
Tras analizar el caso, el Ministerio Público concluyó que las acusaciones por presunta falta de imparcialidad, conflictos de interés, vínculos personales y supuesto favorecimiento político no estuvieron respaldadas por pruebas suficientes, sino que se sustentaron en apreciaciones subjetivas.
En su pronunciamiento, la Procuraduría recordó que las causales de impedimento y recusación son de aplicación estricta y que corresponde a quien las presenta demostrar, con pruebas, los hechos que invoca para cuestionar la independencia de un servidor público.
Además, el despacho del procurador regional encargado, Javier Enrique Bolaño Higgins, hizo un llamado de atención al advertir que la utilización de recusaciones sin fundamento podría configurar una conducta temeraria o de mala fe, al considerar que estos mecanismos jurídicos no pueden emplearse sin el debido soporte probatorio.
Durante el trámite, el gobernador Eduardo Verano rechazó los señalamientos relacionados con una reunión sostenida con uno de los aspirantes al cargo de decano, al argumentar que ese tipo de encuentros hacen parte de actuaciones legítimas y compatibles con las funciones de los integrantes de un órgano colegiado.
Con esta decisión, expedida el 14 de julio de 2026, la Procuraduría declaró no probadas las recusaciones y ordenó devolver el expediente a la Universidad del Atlántico para que el Consejo Superior continúe de manera inmediata con el proceso de designación de los nuevos decanos y decanas de la institución.
