El colectivo magisterial Acción Ética Docente rechazó la decisión del Distrito de convocar a clases presenciales el próximo año, sin que existan las condiciones para garantizar la salud y la vida de los miembros de la comunidad educativa, en medio de la pandemia por COVID-19 que afecta al mundo en la actualidad.
A través de un duro pronunciamiento, este colectivo cuestionó al Distrito sobre las medidas adoptadas para el retorno a clases presenciales, bajo el denominado modelo de alternancia, si se tiene en cuenta que muchas instituciones educativas no cuentan con baterías sanitarias, lavamanos y hasta presión de agua suficientes para garantizar la salubridad o el correcto lavado de manos durante la jornada escolar.
Finalmente Acción Ética Docente se mostró en desacuerdo con las declaraciones que la secretaria de Educación Distrital, Bibiana Rincón, entregó en Atlántico en Noticias, en el sentido que los sindicatos de educadores están de acuerdo con el retorno a las escuelas, hecho que fue desmentido de inmediato por los presidentes de ADEA y Adeba. En consecuencia, conmina a la funcionara a presentar las pruebas de tales afirmaciones o en su defecto, dimitir del cargo.
El siguiente es el pronunciamiento completo:
Lavarse las manos y colocar el consentimiento para el retorno gradual o total a las aulas en manos de familias que han sido víctimas directas (muerte) o indirectas del COVID-19 (reducción de salarios, despidos, desempleo, desplazamiento, desarraigo, hambre) es infame. Aprovecharse de la necesidad para sobre la base de garantizar a las familias que por lo menos sus miembros estudiantes accederán a una precaria alimentación escolar no tiene presentación.
Si la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla tiene tanto afán de congraciarse con el gobierno nacional, y por esa vía en encubrir y hacerse cómplice de su ineficiencia, debe por lo menos recurrir a un discurso menos simplista que el de vender la falsa idea que con tapabocas y lavado permanente de manos con agua y jabón, alcohol, o gel anti-bacterial, se puede mínimamente garantizar que las escuelas y colegios públicos de Barranquilla no se convertirán en focos de un rebrote, que no es impensable, si se tiene en cuenta que ya se ha experimentado en países y sociedades del primer mundo.
Si la bioseguridad y el evitar contagios y muertes pudiera reducirse a medidas tan simples, como el uso de tapabocas o la desinfección de manos y de calzado, sin duda las cifras y las estadísticas no mostraran índices de morbilidad y mortalidad entre personal médico asistencial que a más de lo señalado por la Secretaría de Educación, utilizan hasta trajes especiales en el desempeño de sus labores profesionales.
A la ciudadanía y a la comunidad educativa más que “cebos” para que firmen consentimientos que eximen de responsabilidad a las autoridades frente a lo que eventualmente puede ocurrir, deben mostrárseles cifras. Deben hacerse públicos el número total de docentes fallecidos por COVID-19, aún en circunstancias de confinamiento; deben exhibirse las edades de los maestros y maestras, sus comorbilidades y factores de riesgo, para no colocarnos, en la picota pública, del lado de quienes no les interesa la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Para ser serios, además, deben presentarse estadísticas del personal médico asistencial fallecido en la ciudad y el departamento por causas de la pandemia y clarificar si es el Distrito y no los padres o los colegios, con sus exiguos presupuestos, los que tendrán que asumir el costo de tapabocas, jabón, gel y alcohol, a veces tan inexistentes como la presión del agua en nuestras escuelas
Adicionalmente debe sustentarse el embeleco de la alternancia o el retorno mostrando estadísticas de área total de infraestructura escolar construida y del número total de estudiantes efectivamente matriculados para verificar si se puede o no garantizar educación universal y no exclusiva y excluyente en el territorio del Distrito.
Debe, además, mostrarse cómo durante la pandemia se aprovechó la vacancia educativa para acometer obras de construcción y adecuación de la infraestructura escolar existente y si ya puede garantizarse que todas las instituciones educativas dispongan, por lo menos, del espacio y número suficiente de baterías sanitarias y lavamanos en cada institución y de insumos para el aseo que normalmente brillan por su ausencia.
A propósito de esto último, creemos que es hora también, de hacer un balance público del promocionado PLAN ALCALDE a través del cual desde agosto 6 de 2009 se anunciaron inversiones, en una primera fase, de 100 mil millones de pesos para intervenir más de la mitad de las Instituciones Educativas del Distrito (100) a muchas de las cuales la anunciada inversión nunca llegó, con el agravante de que entre los criterios para invertir no se tuvo en cuenta lo estipulado por el artículo 28 de la ley 715 de 2001, esto es, priorizar el beneficio “a los estratos más pobres”, sino otros criterios subjetivos.
Si mal no recordamos el Alcalde Distrital de la ciudad, Dr. Jaime Pumarejo Heins, el 18 de junio de 2020, al tomar en un EN VIVO (https://youtu.be/rzBFBI652Ng) la medida responsable de no reanudar clases presenciales en la ciudad a partir del mes de agosto expresó “en este momento no están dadas las condiciones… este modelo de alternancia en este momento no es el indicado, no, no, no estamos convencidos de que podemos volver a clases, de que le podemos garantizar a ustedes, la verdad, que puedan de alguna manera darle la tranquilidad a sus estudiantes… como podemos, como podremos garantizar que la mayoría de los niños no se van a tirar el uno encima del otro y luego encima de ustedes…”. Frente a ello preguntamos: ¿Variaron en algo las condiciones locativas y de bioseguridad en estos cinco (5) meses?
Nos parece en extremo grave, que la Secretaria de Educación Distrital, Bibiana Rincón Luque, de manera pública y abierta hubiese manifestado, lo que se venía manejando extraoficialmente, en el sentido de que las directivas de los sindicatos de ADEA y ADEBA sabían y consentían con su modelo inconsulto de alternancia.
Afortunadamente tal información fue ya desmentida tajantemente por los presidentes de ambas organizaciones sindicales, en cuya palabra confiamos, lo que nos lleva a ir más allá y a conminar a la funcionaria, a qué, si no dispone de pruebas del supuesto aval de los sindicatos que irresponsablemente dijo existir, debe apartarse de su cargo.
Ello, porque no está bien que quien precisamente dirige los destinos de la educación en Barranquilla, envíe a los estudiantes el mensaje errado de que mentir e involucrar a terceros en sus mentiras no tiene consecuencia alguna. Los valores y la ética deben prevalecer.
