El presidente de la República, Gustavo Petro, reveló que 58 militares y policías han sido asesinados y al menos 300 han resultado heridos en 2025 como consecuencia de ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que se ha expandido de forma alarmante en el país.
Durante una ceremonia de ascenso de generales en Bogotá, en la que presentó la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, el mandatario reconoció que la ventaja aérea del Estado frente a los grupos armados ilegales se ha perdido.
“La ventaja que tenía el Ejército y en general las Fuerzas Militares, que era aérea, ahora se volvió al revés. La ventaja aérea la tiene el narcotráfico, que puede comprar drones en efectivo y por miles”, afirmó Petro.
De acuerdo con cifras del Ejército Nacional, desde abril de 2024, cuando se registró el primer ataque con drones explosivos en el departamento del Cauca, hasta el 18 de diciembre, se han contabilizado 393 atentados bajo esta modalidad.
Ante este escenario, el Gobierno nacional anunció que priorizará la adquisición de drones y sistemas antidrones con el objetivo de fortalecer la seguridad y la capacidad operativa de la Fuerza Pública.
Petro precisó que, por orden del Consejo de Ministros, se autorizó una inversión de un billón de pesos, equivalente a unos 267,7 millones de dólares, para la compra inmediata de estos equipos en todo el territorio nacional, indicando que una parte significativa de los recursos ya está asegurada.
El jefe de Estado también cuestionó a los altos mandos militares y policiales por presuntas fallas de seguridad en recientes ataques. Entre ellos, mencionó el atentado contra la Base Militar del Batallón 27 en Aguachica, Cesar, perpetrado por el Frente Camilo Torres del ELN, que dejó siete soldados muertos y 30 heridos tras el uso de drones explosivos.
Asimismo, hizo referencia a la toma de la población de Buenos Aires, Cauca, ocurrida el 16 de diciembre, ataque atribuido a una disidencia de las FARC, en el que ocho policías resultaron heridos y varias edificaciones del municipio quedaron destruidas.
La expansión del uso de drones armados se ha convertido en uno de los principales desafíos de seguridad en Colombia, obligando a replantear las estrategias militares frente a los grupos ilegales.
