Al menos 250 personas del Catatumbo se han visto obligadas a abandonar sus viviendas debido a los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, según informó el Consejo Noruego para Refugiados (NRC).
De acuerdo con la ONG, en las últimas horas unas 250 personas desplazadas llegaron a las ciudades de Cúcuta y Ocaña, mientras que cerca de 6.000 habitantes permanecen en riesgo de confinamiento y nuevos desplazamientos como consecuencia de posibles acciones armadas en la región.
La crisis humanitaria se intensificó desde mediados de enero, cuando el ELN declaró la guerra a la disidencia de las FARC por el control territorial y de economías ilícitas en esta zona del departamento de Norte de Santander. Esta confrontación ha dejado cerca de un centenar de muertos y el desplazamiento forzado de miles de campesinos, muchos de los cuales no han podido retornar a sus tierras debido a la persistencia de la violencia.
“El miedo a los combates entre grupos armados organizados está obligando a cientos de personas a huir para salvar sus vidas. Estas comunidades necesitan asistencia humanitaria urgente”, señaló Giovanni Rizzo, director del NRC en Colombia. Asimismo, advirtió que el número de afectados podría aumentar en los próximos días si no se garantiza la protección de la población civil.
Crisis humanitaria en aumento
Según el Consejo Noruego para Refugiados, los desplazados más recientes provienen de los municipios de Tibú y El Tarra. La situación es especialmente crítica en Tibú, donde líderes comunitarios han alertado sobre el riesgo de confinamiento y desplazamiento de más de 6.000 personas en el corregimiento de Pachelly.
El Catatumbo está conformado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, una región históricamente afectada por el conflicto armado, pese a su riqueza en recursos naturales, y que presenta altos índices de pobreza y bajo desarrollo social.
De acuerdo con cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), en lo que va de 2025 unas 200.000 personas habrían sido afectadas por el recrudecimiento del conflicto en estos municipios, lo que representa más de la mitad de la población del territorio.
Ante este panorama, el NRC hizo un llamado al Estado colombiano para que garantice protección y asistencia humanitaria inmediata, y exhortó a los grupos armados a respetar a la población civil y el Derecho Internacional Humanitario.
