La Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió de manera provisional el Decreto 415 del 23 de abril de 2026, expedido por el Gobierno nacional, que ordenaba el traslado de $25 billones desde los fondos privados de pensión hacia Colpensiones.
La decisión se produjo tras una demanda de nulidad presentada por Jesús Hernando Baena Álvarez, en la que se advertía que la medida podría contradecir lo establecido en la Ley 2381 de 2024.
Según explicó el alto tribunal, dicha ley permite a los afiliados trasladarse de régimen pensional, pero establece que los recursos deben permanecer en los fondos privados hasta que se cumplan los requisitos para acceder a la pensión.
No obstante, el decreto suspendido ordenaba a las administradoras trasladar los recursos en plazos cortos: el 50 % en un máximo de 20 días y el restante 50 % en los 10 días siguientes, lo que generó cuestionamientos jurídicos.
El Consejo de Estado indicó que tramitó el caso con carácter urgente, al considerar que, de seguir el proceso ordinario, el dinero podría ser trasladado antes de una decisión de fondo, dejando sin efecto cualquier pronunciamiento posterior.
Además, el tribunal advirtió que el decreto modificaba una disposición ya definida por ley, al cambiar el momento en que debía realizarse el traslado de los recursos. En ese sentido, recordó que el presidente puede reglamentar las normas, pero no alterar su contenido ni sustituir funciones del Congreso.
La medida había generado críticas, especialmente desde los fondos privados, que la calificaron como ilegal y advirtieron posibles afectaciones a los afiliados que no habían decidido cambiar de régimen.
Esta decisión se suma a la advertencia previa de la Procuraduría General de la Nación, que señaló una posible limitación legal del Gobierno para ordenar el traslado de estos recursos.
Asimismo, el decreto había sido demandado por figuras políticas como Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella, en medio de un creciente debate sobre el alcance de la reforma pensional en Colombia.
