El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 presenta una alta dependencia de una reforma tributaria aún no aprobada, lo cual introduce riesgos fiscales y presupuestales, según las observaciones preliminares de la Contraloría General de la República.
En un comunicado, la entidad detalló que la propuesta del Gobierno deja un desbalance o desequilibrio implícito de $26,3 billones que se espera cubrir con la reforma tributaria a pesar de la incertidumbre frente a su aprobación.
El ente de control también alertó por la sostenibilidad fiscal con el crecimiento del 5,9 % en el gasto de funcionamiento respecto a la cifra de este año hasta los $556,9 billones sin un plan claro de racionalización.
«Aunque la Contraloría General considera que el proyecto se apoya en supuestos de crecimiento económico, de inflación y tasa de cambio, que se pueden considerar moderados, no obstante, hay observaciones en las estimaciones del recaudo tributario», consignó la entidad.
Incluso pidió una aclaración al Ministerio de Hacienda tras identificar contradicciones entre el crecimiento económico proyectado (3 %) y la reducción esperada del recaudo tributario (1,8 %), «pues no es normal que con una economía con tasas de crecimiento positivo en dos años consecutivos el recaudo tributario caiga».
Respecto a los gastos públicos, refirió que el funcionamiento crece 11,1 %, por encima de la variación nominal del Producto Interno Bruto (6,3 %), lo que no refleja un compromiso con la eficiencia del gasto.
La Contraloría realizó un análisis de la situación fiscal y presupuestal del país a junio de 2025 y manifestó que le preocupa la ejecución del gasto, pues del total presupuestado sólo se ha obligado el 37,7 %, registro inferior en 0,3 puntos porcentuales al del mismo período de 2024.
Además, señaló que hay un rezago importante en el cumplimiento de la meta de recaudo tributario, pues a junio de este año se presenta una desviación de $12,4 billones por debajo del cumplimiento esperado por la DIAN.
