La Defensoría del Pueblo reaccionó este domingo con “alivio, pero también con angustia” al anuncio del cese al fuego unilateral del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante las festividades de fin de año, y solicitó acciones adicionales que se traduzcan en una protección efectiva de la población civil.
Así lo expresó la defensora del Pueblo, Iris Marín, a través de una publicación en la red social X, en la que recordó que, aunque el ELN mencionó en su comunicado la obligación de respetar a los civiles, sus acciones recientes han generado afectaciones sostenidas a comunidades en varias regiones del país.
El ELN informó que suspenderá las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública entre las 00:00 horas del 24 de diciembre y las 00:00 horas del 3 de enero de 2026, una medida que presentó como un “mensaje de paz”, pero que llega tras una semana marcada por ataques, hostigamientos y un paro armado.
Marín consideró que un verdadero “gesto de coherencia” por parte de la guerrilla sería la liberación de las personas que permanecen secuestradas, y recalcó que el cese anunciado no debería limitarse solo a la fuerza pública.
“El cese de hostilidades debería extenderse también a las confrontaciones con otros grupos armados ilegales”, señaló la defensora, al advertir que el ELN mantiene enfrentamientos activos con distintas organizaciones en varias zonas del territorio nacional.
Asimismo, recordó que hace un año la guerrilla anunció un cese similar, pero que en los meses posteriores continuaron los ataques contra la población civil. Como ejemplo, mencionó la situación en el Catatumbo, donde, según indicó, el ELN declaró una guerra que provocó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia.
“Saludamos el anuncio, pero pedimos más”, concluyó Iris Marín, al insistir en la necesidad de medidas claras, verificables y sostenidas que garanticen la seguridad y los derechos de la población civil durante y después del periodo anunciado.
