La versión del Gobierno nacional sobre la reunión con los gobernadores por el decreto de emergencia económica quedó en entredicho tras la publicación de un comunicado oficial de la Federación Nacional de Departamentos (FND). Mientras el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el encuentro fue “cálido” y que “todos van a aplicar el decreto”, los mandatarios departamentales dejaron por escrito que no existe acuerdo y que acudirán a la Corte Constitucional para frenar su implementación.
El documento de la FND, fechado el lunes 19 de enero de 2026, es contundente desde su encabezado: “No hay acuerdo. El panorama se mantiene tras reunión entre gobernadores y ministros del Interior y Hacienda”. En él, los departamentos reconocen la disposición al diálogo del Ejecutivo, pero reiteran su firme oposición al Decreto 1474 de 2025, que modifica el Impuesto al Consumo y el IVA para licores y cigarrillos, tributos que constituyen una fuente clave de financiación territorial.
Según los gobernadores, el decreto pone en riesgo recursos destinados a salud, educación y deporte, y vulnera la autonomía de las entidades territoriales, consagrada en la Constitución. Por esa razón, anunciaron que solicitarán a la Corte Constitucional una medida cautelar de suspensión provisional mientras se estudia la constitucionalidad de la norma.
En contraste, Benedetti sostuvo ante los medios que durante la reunión se alcanzaron varios consensos. Entre ellos, afirmó que el Gobierno nacional se comprometió a compensar a los departamentos si el recaudo de los nuevos impuestos genera desbalances presupuestales, y que la DIAN reforzará las acciones contra el contrabando. No obstante, el ministro aseguró que, según los cálculos del Ejecutivo, ese escenario “no va a pasar” y que el impacto fiscal negativo no se materializará.
El jefe de la cartera política fue más allá al afirmar que “se acabó el enfrentamiento” y que a los gobernadores “les toca aplicar el decreto”. Incluso señaló que una sentencia de la Corte Constitucional respalda al Gobierno para intervenir impuestos en contextos de problemas macroeconómicos, aunque no citó un fallo específico. Sus declaraciones cerraron con una crítica al magistrado Carlos Camargo, ponente por sorteo de la demanda contra el decreto, comentario que generó incomodidad en sectores jurídicos por tratarse de un proceso aún en curso.
Para los gobernadores, sin embargo, el escenario es distinto. En su comunicado recalcan que Colombia es una república unitaria, pero descentralizada, y que cualquier medida que afecte las rentas cedidas a los departamentos debe ser objetada si contradice el mandato constitucional. Aunque manifestaron su disposición a seguir dialogando, dejaron claro que no renuncian a la vía judicial como mecanismo de defensa institucional.
