Los ministerios de Hacienda y del Trabajo expresaron su preocupación por la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente la totalidad del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, normativa que permitía trasladar cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.
Según el Gobierno nacional, la medida afecta la sostenibilidad del sistema pensional y frena el traslado de recursos de ciudadanos que decidieron cambiarse voluntariamente al Régimen de Prima Media.
“Genera un grave impacto sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano”, señalaron ambas carteras en un pronunciamiento conjunto.
Consejo de Estado suspendió totalmente el decreto
La decisión fue adoptada mediante auto del 11 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado, que suspendió de manera provisional la totalidad del decreto expedido por el Gobierno el pasado 23 de abril.
Con esta medida, los recursos que el Ejecutivo esperaba incorporar a Colpensiones permanecerán temporalmente bajo administración de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones).
El alto tribunal ya había emitido el pasado 28 de abril medidas cautelares sobre algunos apartes del decreto mientras adelantaba el análisis de legalidad de la norma.
Sin embargo, ahora decidió ampliar la suspensión a todo el contenido del decreto.
Gobierno afirma que la medida “bloquea el sistema”
El Ejecutivo sostuvo que la decisión judicial afecta el desarrollo de la reforma pensional y limita el funcionamiento del mecanismo de traslado excepcional establecido en la Ley 2381 de 2024.
Según el Gobierno, miles de ciudadanos habían optado por trasladarse a Colpensiones haciendo uso de esa figura.
“La decisión bloquea el sistema”, indicaron los ministerios de Hacienda y Trabajo.
La controversia gira alrededor de los recursos que pasarían de los fondos privados al sistema público y que el Gobierno considera fundamentales para la implementación del nuevo modelo pensional.
Mientras avanza el estudio jurídico del decreto, los recursos continuarán administrados por las AFP hasta que exista una decisión definitiva del Consejo de Estado.
