El Gobierno nacional expidió el decreto que ordena la liquidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, luego de que la Corte Constitucional ratificara la decisión que deja sin sustento jurídico la creación de esta cartera, una de las principales apuestas del presidente Gustavo Petro durante su administración.
La decisión del alto tribunal se produjo al considerar que no fueron subsanados los vicios detectados en el trámite legislativo de la ley que dio origen al ministerio, entre ellos la ausencia del correspondiente aval fiscal.
Liquidación se extenderá por un año
De acuerdo con el decreto presidencial, el proceso de liquidación tendrá una duración inicial de 12 meses contados a partir de su entrada en vigencia. No obstante, el plazo podrá ser prorrogado si así lo considera necesario el Gobierno nacional.
La normativa también establece que el agente liquidador será designado directamente por el presidente Petro dentro de los 30 días siguientes.
Entre sus funciones estarán la administración y custodia de los bienes de la entidad, el cobro de acreencias, la celebración de contratos relacionados con el proceso de cierre y la presentación de informes periódicos a la Presidencia de la República.
Deberán suprimirse todos los cargos
El decreto señala además que el liquidador deberá elaborar en un plazo de 30 días un programa para la supresión de cargos dentro de la entidad.
Como parte del proceso, no podrán vincularse nuevos servidores públicos y se contempla la eliminación de la totalidad de los empleos existentes en el ministerio.
Según estimaciones conocidas hasta ahora, alrededor de 580 trabajadores podrían verse afectados por la medida.
Una de las principales apuestas del Gobierno Petro
El Ministerio de la Igualdad fue creado como una de las iniciativas emblemáticas del Gobierno de Gustavo Petro, con el propósito de coordinar políticas públicas dirigidas a poblaciones históricamente vulnerables y reducir brechas sociales en el país.
Sin embargo, desde distintos sectores surgieron cuestionamientos por los niveles de ejecución de sus programas, así como por los resultados alcanzados durante su funcionamiento.
Tras el fallo de la Corte Constitucional, el Gobierno intentó impulsar una iniciativa legislativa para mantener la entidad, pero la propuesta no logró avanzar en el Congreso de la República.
Con la expedición del decreto de liquidación, comienza oficialmente el proceso de cierre de una de las dependencias más representativas de la actual administración, cuyo futuro quedó sellado tras la decisión definitiva del alto tribunal.
