Un nuevo choque entre el Gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación se desató tras la decisión del ente acusador de no suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del ‘Clan del Golfo’, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
La controversia surgió luego de que el Gobierno solicitara la medida como parte de los acuerdos alcanzados en las conversaciones de paz que se adelantan desde septiembre del año pasado en Doha, Catar.
Sin embargo, la Fiscalía respondió que aún existen dudas sobre los alcances jurídicos de lo pactado y sobre la situación judicial de algunos integrantes de esa organización armada.
Fiscalía se negó a suspender órdenes de captura
En un comunicado, la entidad señaló que decidió abstenerse de aplicar medidas relacionadas con la suspensión automática de capturas para integrantes del grupo ilegal.
“La Fiscalía General de la Nación informa que resolvió abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las Zonas de Ubicación Temporal”, indicó el organismo.
Las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) comenzarían a funcionar desde el próximo 25 de junio de 2026, según lo acordado entre el Gobierno y el ‘Clan del Golfo’.
El plan contempla el traslado gradual de más de 400 integrantes del grupo armado hacia zonas ubicadas en Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó), como parte de una fase inicial de construcción de confianza y sustitución de cultivos ilícitos.
Caso de ‘Chiquito Malo’ generó controversia
Uno de los puntos que generó mayor tensión fue la inclusión de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, principal jefe del ‘Clan del Golfo’, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos.
La Fiscalía recordó que la Corte Suprema de Justicia ya emitió concepto favorable para su extradición en diciembre de 2025 y advirtió sobre la necesidad de cumplir los compromisos internacionales en materia judicial.
Frente a esto, el presidente Gustavo Petro aseguró que la inclusión de extraditables en la lista enviada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no fue consultada directamente con él.
“La comisión de paz hizo una lista de 29 que incluye extraditables, pero no fue consultada esa decisión al presidente”, escribió Petro en su cuenta de X.
El mandatario reiteró que no ha suspendido la orden de extradición contra ‘Chiquito Malo’ y sostuvo que solo en etapas avanzadas de un proceso de paz podría tomarse una decisión de ese tipo.
Otty Patiño criticó postura de la Fiscalía
La respuesta de la Fiscalía provocó molestia en el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien defendió la legalidad de las medidas solicitadas por el Gobierno.
Patiño argumentó que la Ley 2272 de 2022 contempla la suspensión de órdenes de captura durante los procesos de traslado y permanencia en las ZUT.
“La paz exige seguridad jurídica, coherencia institucional y cumplimiento estricto de la ley por parte de todas las autoridades del Estado”, afirmó.
El funcionario también recordó que la dirección de la política de paz corresponde al presidente de la República y aseguró que el Congreso otorgó herramientas legales para facilitar estos procesos.
La decisión de la Fiscalía deja en incertidumbre la implementación de los acuerdos alcanzados en Doha y vuelve a evidenciar las diferencias entre el Ejecutivo y el ente acusador frente a la estrategia de ‘Paz total’.
