La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un proceso penal contra el general retirado José Leonardo Gallego, investigado por su presunta participación en el secuestro de la periodista Jineth Bedoya en el año 2000 y por hechos de violencia ocurridos en la cárcel La Modelo de Bogotá.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad luego de evaluar las pruebas disponibles, los avances de la justicia ordinaria y las versiones voluntarias entregadas por el exoficial, quien negó cualquier responsabilidad en los hechos investigados.
Investigación por hechos en la cárcel La Modelo
Para la época de los hechos, Gallego se desempeñaba como coronel y director de la Dirección Central de Policía Judicial (Dijín) en Bogotá, cargo que ocupó entre 1999 y 2000 y desde el cual tenía funciones de apoyo al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
De acuerdo con testimonios recopilados por la justicia ordinaria, el oficial habría favorecido a grupos paramilitares recluidos en la cárcel La Modelo, permitiendo presuntamente el ingreso de armas y otros elementos prohibidos que habrían fortalecido su control dentro del centro penitenciario.
Durante ese periodo, la prisión fue escenario de hechos de extrema violencia, incluyendo masacres, homicidios selectivos, torturas y desapariciones forzadas, que entre 1999 y 2001 dejaron al menos 101 víctimas, según investigaciones judiciales.
El caso de la periodista Jineth Bedoya
Ese contexto de violencia era investigado por la periodista Jineth Bedoya, quien en ese entonces trabajaba como reportera del diario El Espectador.
El 25 de mayo de 2000, Bedoya acudió a la cárcel La Modelo para realizar una entrevista, pero fue secuestrada a las afueras del penal.
Posteriormente fue trasladada por la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio, donde permaneció retenida durante varias horas y fue víctima de graves agresiones físicas y sexuales.
Con la apertura de este proceso, la JEP continuará evaluando la responsabilidad del exoficial en estos hechos dentro del marco de la justicia transicional creada tras el acuerdo de paz firmado en 2016.
