La Fiscalía General de la Nación en su compromiso para garantizar la seguridad durante la jornada electoral dispuso 8.894 funcionarios, entre fiscales, asistentes e investigadores.
Luego de la apertura de las urnas, la Fiscalía reporta los siguientes resultados:
En el municipio de El Rosario (Nariño), se adelantó la audiencia de judicialización en contra del candidato al Concejo Jesús Gilder Ojeda, quien aceptó cargos por el delito de fraude en la inscripción de cédulas.
En ese mismo municipio los jueces de garantías enviaron a la cárcel a los dos únicos candidatos a la alcaldía: Lauro Nel Arturo Guerrero y Alberto Folleco Eraso. También fue recluida en un centro de detención para mujeres Mariela Castro Guerrero, investigada por ofrecer dádivas para favorecer la campaña de uno de los candidatos.
De otro lado, en el municipio de Valle de San Juan (Tolima), se adelantará audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el candidato a la alcaldía Daniel Ricardo García Castillo, por el delito de corrupción al sufragante.
Ante un juez de control de garantías fue presentado el candidato al Concejo Municipal de Moñitos (Córdoba), Cristian Darío Burgos Galván, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de corrupción de sufragante, no decretaron medida aseguramiento.
Asimismo fue imputado por el delito de corrupción de sufragante, el candidato al concejo municipal de San Benito Abad (Sucre) Celso Jiménez Erazo, y por fines constitucionales no se ordenó medida aseguramiento.
En desarrollo de los operativos de control han sido incautados más de 400 millones de pesos. 2 Denuncias A la fecha, han sido recibidas 865 denuncias por delitos contra los mecanismos de participación democrática. Entre los más denunciados figuran:
- 249 Fraude en inscripción de cédulas
- 247 Corrupción al sufragante
- 92 Constreñimiento al sufragente
- 70 Intervención en política por funcionario público
- 44 Elección ilícita de candidatos La mayoría de casos han sido reportados en la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
