El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, se declaró culpable este miércoles de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, en medio del proceso judicial por el escándalo de corrupción que sacude a esa entidad.
La aceptación de cargos se produjo durante una audiencia judicial en la que López manifestó su intención de acogerse a una sentencia anticipada y colaborar con el esclarecimiento de los hechos investigados por la Fiscalía General de la Nación.
Según el ente acusador, desde la UNGRD habrían salido millonarios recursos destinados presuntamente a congresistas para facilitar la aprobación de proyectos de ley impulsados por el Gobierno Nacional.
“Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, afirmó López durante la diligencia.
Próxima audiencia será el martes
Tras aceptar los cargos, el próximo martes se realizará una nueva audiencia de legalización del allanamiento, paso previo a que un juez de conocimiento determine la condena que deberá cumplir el exfuncionario.
La audiencia de sentencia anticipada quedó programada para el mes de junio.
Caso también involucra a exfuncionarios y congresistas
El escándalo de corrupción en la UNGRD también involucra a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, quien ya fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.
De igual manera, la Fiscalía imputó cargos a los exministros Luis Fernando Velasco, del Interior, y Ricardo Bonilla, de Hacienda, señalados de presuntamente ordenar la entrega de recursos a congresistas a través de directivos de la UNGRD.
Entre los investigados también aparecen los congresistas Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, quienes son señalados de recibir cerca de 4.000 millones de pesos para respaldar iniciativas legislativas del Gobierno.
La investigación también alcanza a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, acusada por la Fiscalía de haber entregado el dinero en efectivo a los congresistas mencionados.
Ortiz permanece en libertad por vencimiento de términos, luego de que el juicio no iniciara dentro de los plazos establecidos por la ley.
