El presidente de la República, Gustavo Petro, salió en defensa del salario mínimo decretado para 2026, luego de que en las últimas horas se conociera una demanda ante el Consejo de Estado por presuntas fallas técnicas en su expedición. Durante una alocución televisada, el mandatario cuestionó con dureza a quienes critican la medida y aseguró que existe un intento de generar divisiones sociales.
“Tratan de enfrentar pobres con pobres”, afirmó el jefe de Estado, al referirse a los sectores que han advertido sobre posibles impactos negativos del incremento salarial. Petro fue enfático en señalar que esos cuestionamientos carecen de sustento técnico y económico.
El mandatario defendió el ajuste que fijó el salario mínimo para 2026 en 2.000.000 de pesos, cifra que incluye el auxilio de transporte, y recalcó que se trata de una decisión alineada con los principios constitucionales y los compromisos internacionales del país.
“Esa crítica es falsa”, sostuvo Petro, al explicar que el salario mínimo vital no es una concesión política sino una obligación establecida en la Constitución Política de Colombia y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de los cuales el país es signatario.
Precios y canasta familiar, en el centro del debate
Uno de los principales argumentos de los detractores del aumento ha sido el supuesto impacto inflacionario, especialmente en los productos de la canasta básica. Frente a esto, el presidente aseguró que no existe evidencia de un disparo de precios como consecuencia del incremento salarial.
Petro citó como referencia el comportamiento de los precios en Corabastos, el principal centro mayorista de alimentos del país, donde —según afirmó— se evidencia una estabilidad en los productos de la canasta familiar.
“El decreto demuestra que la crítica sobre un disparo de precios no se demuestra, y que los precios en Corabastos lo demuestran”, señaló el mandatario, insistiendo en que los datos reales contradicen los temores expresados por algunos sectores empresariales y políticos.
Demanda ante el Consejo de Estado
La defensa presidencial se da en un contexto de creciente debate jurídico y económico. En las últimas horas fue radicada una demanda ante el Consejo de Estado que cuestiona el decreto que fijó el salario mínimo, argumentando presuntas fallas técnicas en el proceso de expedición, tras no lograrse un acuerdo en la mesa de concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores.
Aunque el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre los detalles de la acción judicial, Petro dejó claro que el Ejecutivo actuó dentro del marco legal, amparado en la facultad que le otorga la ley para decretar el salario mínimo cuando no hay consenso entre las partes.
Un debate que seguirá abierto
El incremento del salario mínimo para 2026 se ha convertido en uno de los temas económicos y políticos más discutidos del inicio del año. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta para proteger el poder adquisitivo y reducir la desigualdad, sectores empresariales advierten sobre posibles efectos en el empleo y la sostenibilidad de pequeños negocios.
Por ahora, el presidente Gustavo Petro mantiene su postura y respalda el aumento, asegurando que garantizar un salario mínimo vital es un mandato constitucional y que los indicadores de precios no respaldan los escenarios de alarma que se han planteado.
La decisión final sobre la demanda quedará en manos del Consejo de Estado, mientras el debate público sobre el impacto del salario mínimo continúa marcando la agenda nacional.
