El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse sobre el caso de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, en medio del escándalo que involucra al exdirector de la DNI y la UIAF, Jorge Lemus, por presuntos ofrecimientos de beneficios judiciales.
El mandatario calificó a Marín como “contrabandista, lavador de dólares y posiblemente narcotraficante”, y aseguró que su actividad criminal ha logrado infiltrar distintas instituciones del Estado durante más de tres décadas.
“Ha infiltrado al Estado durante 38 años, especialmente a la Policía Fiscal y Aduanera, a la Fiscalía y a organismos de investigación”, afirmó el jefe de Estado.
Petro también reveló que el señalado contrabandista intentó financiar su campaña presidencial, pero aseguró que lo impidió. “Puse blindajes en mi campaña para que no entraran sus dineros. Lo prohibí expresamente”, sostuvo.
En sus declaraciones, el presidente cuestionó que Marín no esté aún en Colombia, pese a encontrarse detenido en Portugal, y calificó esta situación como un posible acto de corrupción.
“Que no esté encarcelado en Colombia es un acto de corrupción oficial y gubernamental”, señaló, al tiempo que afirmó haber solicitado personalmente su extradición a autoridades de España y Portugal.
El mandatario también denunció supuestas irregularidades dentro de organismos de inteligencia, asegurando que agentes habrían ofrecido gestionar el traslado de Marín al país bajo condiciones contradictorias, incluso prometiendo beneficios judiciales.
“El intermediario de inteligencia puede jugar a dos bandos”, advirtió.
Además, Petro indicó que el caso podría involucrar a distintos sectores del poder, al señalar que Marín tendría información sobre la infiltración en entidades como la Dijín, la Fiscalía y otras instituciones, e incluso mencionó que habría figuras políticas y exfuncionarios que temen sus declaraciones.
Finalmente, el presidente pidió explicaciones a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por las demoras en el proceso de extradición del señalado contrabandista, reiterando la necesidad de que responda ante la justicia colombiana.
